El miércoles pasado en un nuevo balance sobre el COVID-19 en nuestro país, la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, anunció que se ejecutará un nuevo instructivo sobre permisos de cuarentena y que comenzará a regir a las 5 de la mañana del lunes 22 de junio.
Y este jueves, en un punto de prensa, la autoridad despejó algunas dudas respecto a estos permisos, confirmando que serán “dos permisos semanales por RUT”. Asimismo, se pondrá en marcha un plan de fiscalización más exhaustivo con el fin de corroborar que las personas cumplan con las indicaciones dadas por la autoridad y que realmente los que tienen salvoconductos laborales, estén realizando labores esenciales.
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En esta nueva modalidad existen ciertas excepciones. Una de ellas es para personas que necesiten asistir al médico diariamente, ya sea por temas como radioterapias, diálisis, entre otros. “Los permisos para ir a hora médica, que duran tres horas, son permisos individuales. Pero también está el salvoconducto individual para personas que deban realizarse tratamientos de enfermedades crónicas que requieren que la persona vaya al hospital. Ese permiso dura 12 horas, pero debe acompañar su certificado médico que acredita la enfermedad y no tiene límites a la semana“, indicó Martorell.
La otra excepción son las personas con espectro autista. En este punto, la Subsecretaria comentó que para ellos “en ningún caso va a regir la regla de los dos permisos“, pues el caso de ellos es particular y “requieren por motivos de salud disponer de ese tiempo”.
Para los servicios de delivery, Martorell también comunicó algunas especificaciones, y que tienen que ver con la disposición de un “permiso único de trabajo o colectivo que es igual a los de todos los funcionarios, incluido los funcionarios públicos, que describe el nombre y el horario de trabajo, con la diferencia de que la duración es día a día, no por siete días. Todos los días, cada una de las plataformas de delivery debe establecer los repartidores habilitados al día siguiente“.
Por último, la Subsecretaria reiteró que las penas para los infractores de estas medidas pueden llegar a los cincos años de cárcel.
