El 18 de mayo pasado, Alejandro Correa (60), un conocido empresario de Concón, región de Valparaíso, fue baleado aparentemente por un sicario, a las afueras de su casa.
Según relataron testigos a Radio Bío Bío en ese entonces, un sujeto se bajó de un auto gris, tocó el timbre y cuando salió Correa, le propinó varios balazos. Ese mismo día, a eso de las 17.00 horas se constató su muerte en el Hospital Naval de Viña del Mar.
A la fecha existe un detenido, sindicado como el principal sospechoso del asesinato. Un ciudadano colombiano al que la policía acusa de haber recibido 5 millones de pesos como pago para matar al empresario. Actualmente se encuentra en prisión preventiva.
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Valentina Correa, es una de las hijas de la víctima, y este fin de semana escribió una sensible carta al diario nacional El Mercurio, donde acusa “negligencias inexcusables” en cuanto a la permanencia del sicario en nuestro país, pues el sujeto ingresó al país hace años y el 2018 incluso fue condenado por porte de drogas y luego por intento de homicidio.
“Mi padre fue asesinado. Lo mandaron a matar. Un sicario extranjero y dos balazos acabaron con su vida y con la mía. Hoy escribo como hija, pero también como chilena, porque aquí hubo negligencias inexcusables“, parte diciendo la misiva.
“¿Falló el agente fronterizo que en 2018 no corroboró que permitía el ingreso a Chile de una persona con antecedentes, o fue acaso el juez que lo condenó por portar drogas en 2018 o más bien el segundo juez que le dio arresto domiciliario luego de un intento de homicidio en octubre de 2018? ¿O quizás el director de Extranjería, por no expulsar a todos los extranjeros con antecedentes y domicilio conocido una vez que cumplieran su condena?”, agregó.
“Alguien no hizo bien su trabajo, tampoco el Ministerio Público que no perseveró en ninguno de los dos casos y contribuyó para su libertad. Mi corazón está destrozado; no busco venganza, pero aquí falló el Estado de Chile, y la responsabilidad por omisión le ha costado al país no solo la partida de un gran hombre, sino que destruir los cimientos de nuestra sociedad. Que nadie espere que una acción similar se lleve a su hijo, su papá, su hermano o su nieto para despertar. Es tiempo de entrometernos en esta tragedia para que no ocurra nunca más. Y eso es tarea de todos. Aquí y ahora”, finalizó.
Ante esta interpelación, las autoridades involucradas respondieron a través del mismo canal con una extensa carta donde aclararon la situación, dando cuenta que la burocracia fue la que falló.
El subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, y el jefe del Departamento de Extranjería y Extradición, Álvaro Bellolio, fueron los autores de la carta en cuestión.
“Sobre la sensible carta de ayer de Valentina Correa, solo expresar nuestro más sentido pésame por el asesinato de su padre, no somos capaces de reflejar en palabras la pena y necesidad de justicia que debe estar necesitando. Queremos, sin embargo, aclarar la acción que tuvimos como Estado y los desafíos que quedan para el futuro, en especial respecto de la eventual expulsión del presunto sicario. Esta persona ingresó de forma clandestina a fines de 2015, fue condenado por porte y consumo de drogas en mayo de 2018, y entre abril y mayo de ese mismo año pidió una regularización extraordinaria”, partieron aclarando.
“A principios de 2019 se informa al Departamento de Extranjería de su arraigo por delito de homicidio, y cuando se analiza el caso de su regularización, se le rechaza por la condena de consumo de drogas, esperando la respuesta de los tribunales sobre la causa pendiente de homicidio, que recién este año nos fue informada la decisión de no perseverar en la acusación por el Min. Público”, detallaron.
Y es aquí cuando transparentan las consecuencias de una dañina burocracia. “Lamentablemente, como Ministerio del Interior y Seguridad Pública, tanto la denuncia por ingreso clandestino como la información de no perseverar en el procedimiento nos fueron informadas con posterioridad al terrible acto que afectó a su padre. Hoy nuevamente debemos volver a esperar la resolución de la justicia antes de poder expulsar”.
Finalmente, aseguraron que “esta declaración no es una excusa, ya que como servidores públicos tenemos el deber de respetar y hacer cumplir la ley, y como Estado siempre podemos hacer más“, y que “durante 2019 tuvimos más de 550 juicios para evitar expulsiones de personas condenadas por narcotráfico o con ingreso clandestino, es por ello que como Ministerio del Interior y Seguridad Pública impulsamos la Nueva Ley de Migraciones, pendiente ya desde 2013, que contempla medidas que hacen más eficientes y menos burocráticos los procesos de expulsiones administrativas”.
