La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su primer informe sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, en el cual llama a los Estados a tomar una serie de consideraciones ante las medidas de confinamiento para seguir evitando la propagación del COVID-19.

En esa línea, la CIDH llamó a los gobiernos a “adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquellos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad”.

El organismo, seguidamente, recomendó para lo anterior dar prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.

Por ello, llamó a las autoridades del continente a que evalúen las solicitudes de beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión.

En el caso de personas condenadas por graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad, la Comisión dijo que “se requiere de un análisis y requisitos más exigentes, con apego al principio de proporcionalidad y a los estándares interamericanos aplicables”.

Desigualdad en las Américas

En el documento de 22 páginas, la CIDH sostuvo que la pandemia del COVID-19 puede afectar “gravemente la plena vigencia de los derechos humanos de la población en virtud de los serios riesgos para la vida, salud e integridad personal que supone el coronavirus”; sobre todo a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad.

“Las Américas es la región más desigual del planeta, caracterizada por profundas brechas sociales en que la pobreza y la pobreza extrema constituyen un problema transversal a todos los Estados de la región”, subrayó el organismo.

Además, señaló que la región se caracteriza por altos índices de violencia generalizada y especialmente violencia por razones de género, de raza o etnia; así como por la persistencia de flagelos tales como la corrupción y la impunidad.

Asimismo, en la región prevalece por parte de los ciudadanos el ejercicio del derecho a la protesta social, en un contexto de represión mediante el uso desproporcionado de la fuerza, así como de actos de violencia y vandalismo; graves crisis penitenciarias; y la preocupante extensión de la migración, desplazamiento forzado interno, de personas refugiadas y apátridas; así como la discriminación (…)”, agregó la CIDH.

Por tanto, la Comisión fue enfática en expresar que la pandemia supone desafíos aún mayores para los Estados de las Américas, tanto en términos de políticas y medidas sanitarias, como en capacidades económicas, que permitan poner en marcha “medidas de atención y contención urgentes y necesarias para proteger a sus poblaciones, acordes con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.

Por último, el informe contiene una serie de recomendaciones que abarcan el derecho a la salud, la recomendación de potenciar la innovación, no despreocupar la economía; y mantener siempre presente los derechos sociales, ambientales y culturales.

Se debe “velar por una distribución y acceso equitativos a las instalaciones, bienes y servicios de salud sin discriminación alguna, sean públicos o privados, asegurando la atención de las personas con COVID-19 y de los grupos desproporcionalmente afectados (…). La escasez de recursos no justifica actos de discriminación (…)”, precisó la CIDH en el documento.