Varios mensajes que se han rayado en muros a los largo del país como “fuego a la yuta” o “evade”, se han utilizado para masificar el mensaje del 18 de octubre, sobre todo entre quienes participan de las manifestaciones y quienes han enfrentado a las Fuerzas Especiales.
Por esta razón es que Carabineros decidió acudir a la justicia para proteger, según indican fuentes de La Radio, el buen resguardo y el derecho a justicia de sus integrantes.
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Desde el estallido social a la fecha se han interpuesto cerca de 400 querellas por atacar a Carabineros. Además, 110 hijos de funcionarios han denunciado a la institución ser hostigados o amenazados en sus respectos establecimientos educacionales por tener un papá uniformado. Esto, según información exclusiva de La Radio.
Según un documento al que tuvo acceso Bío-Bío, los uniformados desde hace cuatro meses han estado expuestos a una mayor carga de trabajo y diversos episodios de violencia, por lo que hicieron un llamado a los funcionarios a denunciar los hechos para que se investiguen y eventualmente se sancionen.
Además, se confirmó que se están analizando otros casos de los que carabineros ha tomado conocimiento.
Institución cuestionada
Según el INDH, desde el 18 de octubre al 18 de febrero se han interpuesto 1.312 acciones judiciales, entre ellas 951 querellas por torturas y tratos crueles.
La misma entidad sostiene que, a la fecha, hay 2.122 heridos por disparos, entre ellos 1.681 por perdigones, seguido de 271 por lacrimógenas, herramientas que son utilizadas por funcionarios policiales.
Según lo ha sostenido en repetidas ocasiones el general director de Carabineros, Mario Rozas, prácticamente todos los días se abre un sumario en la institución. A la fecha, hay más de mil investigaciones administrativas y se han propuesto la baja de 20 efectivos policiales por alejarse de los protocolos de actuación y uso de la fuerza.
Además, en noviembre, Rozas ordenó suspender temporalmente el uso de escopetas antidisturbios durante manifestaciones, a excepción de cuando haya un peligro inminente de muerte.
Recordemos además que, en el ámbito penal, hay funcionarios policiales formalizados por homicidio frustrado, cuasidelito de homicidio, torturas, apremios ilegítimos y abuso sexual.
