Tras el sumario iniciado por la Seremi de Salud contra Gas Sur por la explosión en la clínica Sanatorio Alemán de Concepción ocurrida el 21 de abril de 2018 y que dejó tres víctimas fatales, la 3ª Sala de la Corte Suprema confirmó la sentencia mediante la cual se cursa una multa de 1000 UTM, es decir cerca de 50 millones de pesos a la empresa.

Franco Olivari, jefe del Departamento Jurídico de Salud, señaló que la sanción que aplicó es la máxima que establece el código sanitario.

“La Seremi de Salud había operado dentro la esfera de las competencias (…) dando cumplimiento a las formalidades legales pre investidura regular, estableció que no existía (…) ninguna acción, omisión arbitraria o ilegal por parte de esta autoridad administrativa y procedió a la confirmación del fallo (…) ordenando el pago de la multa de 1.000 UTM que es lo máximo legal que establece el Código Sanitario”, sostuvo.

La falta de supervisión adecuada y liderazgo por parte del móvil de emergencia, y de la información entregada por la central de Gas Sur, que demostró una deficiente evaluación de riesgos, son parte de las irregularidades detectadas, informó el Seremi de Saud, Héctor Múñoz.

El seremi de Salud, Hector Muñoz, señaló que “la falla de los protocolos, la falta de coordinación con el mismo Sanatorio Alemán (…) los equipos de emergencia no cumplían con todas las medidas de precaución, prevención. Tampoco se había avisado las zonas donde había gas obviamente y esto produjo el accidente, por lo tanto, todo lo que nosotros realizamos en ese sentido de la investigación, nos dio resultado una multa y ahora la Corte Suprema confirma completamente todo el sumario sanitario y todas sanciones que realizó la Seremi de Salud a Gas Sur”, aseguró.

Desde la Gas Sur informaron que no se referirán al tema y acatarán el fallo. Además de dicha empresa, tras la explosión en el Sanatorio Alemán la Secretaría Regional Ministerial de Salud inició sumarios contra la clínica y la constructora ISD SPA.

El sumario del Sanatorio se encuentra con reclamación judicial de multa, mientras que el de la constructora está para resolver un recurso administrativo presentado a la Seremi de Salud.