“Información extremadamente sofisticada”. Con esta frase el ministro del Interior Gonzalo Blumel se refería al comentado informe Big Data, que entre sus resultados determinó que el K-Pop había influenciado en el estallido social.

Pero en las últimas horas el polémico documento, que el Gobierno puso a disposición del Ministerio Público, volvió a hacer noticia, ya que trascendió que el grupo empresarial Quiñenco fue el que habría hecho llegar el informe al Gobierno, según consignó el sitio Interferencia.

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Ante esto, el dueño de dicho consorcio, Andrónico Luksic reaccionó en Twitter ante esta información, publicando un comunicado. en donde afirma que fue debido al envío de una bomba a sus oficinas en la comuna de Las Condes, que decidieron contratar los servicios de diversos proveedores, entre los que figuraba Alto Data Analytics, compañía que se encargaba de monitorear la información pública.

En el escrito se señala que la firma hispana cumplió una buena labor, con una “alta capacidad de análisis”, hecho que los llevó a ponerla en contacto con el Gobierno. “Sólo a eso se limitó nuestra participación”, indica el documento.

Además, explicaron que no estaban al tanto sobre si efectivamente el Gobierno contrató dichos servicios y manifestaron desconocer el informe que fue entregado al Ministerio Público.

Aclaración del Gobierno

En horas de la tarde de este martes, el Gobierno se pronunció respecto a esta información. Para ello ocupó la cuenta de Twitter de la Subsecretaría de Interior en la que, a través de un comunicado, confirmó que Quiñenco los puso en contacto con la empresa Alto Analytics.

“En momentos en que nuestro país vivía un clima de violencia y desorden público, Quiñenco contactó al Gobierno de Chile con la empresa Alto Analytics”, se puede leer en el documento.

“Alto Analytics, empresa internacional de análisis de datos en redes sociales, puso a disposición de la ANI, en su carácter de encargada de la inteligencia nacional, los resultados de un informe relativo a los hechos ocurridos en Chile a partir del 18 de octubre del año 2019″, explica el escrito.

Por último, dejó en claro que el contenido de dicho informe “se consideró relevante entregarlo al Ministerio Público, para que éste lo tuviera como información de contexto y para los fines que estimara pertinentes. Reiteramos que el informe no fue encargado por el Gobierno de Chile ni financiado con recursos públicos“, sentencia el comunicado.