Fue en julio de este año cuando el Servicio de Impuestos Internos (SII), anunció que se encontraba realizando un protocolo para exigir obligaciones tributarias a los denominados “influencers” en redes sociales, los cuales reciben pagos por publicitar marcas, servicios, productos o eventos.

En ese entonces, el organismo se enfocó en 69 cuentas de Instragram que superan los 100 mil seguidores, con el objetivo de que la persona regularizara la recepción de dineros, es decir, que los declarará en su renta.

No obstante, el SII no es la única entidad que tiene en la mira a los ‘influencers’, ya que ahora el Servicio Nacional del Consumidor cuenta con la facultad de fiscalización, herramienta que, entre otros aspectos, ha utilizado en la revisión de las cuentas de los personajes con más seguidores de Instagram.

Incluso, según la plataforma de lobby, ya existió una reunión de fiscalización la cual apuntó al perfil de Instagram de Karol Lucero, quien mencionó a la marca Adidas, en una de sus publicaciones.

Según informó La Tercera, luego de ello el organismo solicitó a la compañía información adicional, situación que ha repetido con otros proveedores.

“Tras recibir el oficio, la empresa solicitó al Sernac una reunión vía Ley de Lobby, cita donde sus representantes solicitaron detalles respecto del alcance de la información que estaba solicitando el Servicio. Este tipo de instancias son normales y están amparadas bajo la normativa vigente”, manifestaron desde la entidad.

En tanto, sostuvo que se están realizando activamente fiscalizaciones. “Actualmente el Servicio está analizando la información remitida por las empresas, y en caso de detectar infracciones a la Ley del Consumidor, tomará las acciones que estime pertinentes y oportunas”, expresaron.

Finalmente, comentaron que el Sernac no descarta realizar alguna acción legal, si es que se infringe la Ley del Consumidor. “En caso de detectar los mismos hallazgos, tomará las acciones que estime pertinente para que las empresas se ajusten con la ley, no descartando procedimientos voluntarios colectivos e incluso acudir a los tribunales de justicia”.