A las 13.12 horas del pasado viernes está consignado en el certificado de envío de escrito que el fiscal de Talca, Francisco Soto ingresó un documento de 28 páginas en la casilla de la oficina judicial virtual del Juzgado de Garantía de esta ciudad.
Se trataba -nada menos- que de la acusación que constituye el punto culmine de la investigación por el crimen de la joven Aylin Fuentes, ocurrido el 26 de diciembre del año 2018. El cuerpo de la víctima, conocida cariñosamente como “La Negra” entre sus familiares, amigos y vecinos, fue encontrado el 6 de enero de 2019. El cadáver estaba semidesnudo y atado de manos por la espalda.
También puedes leer
En un principio, el caso criminal fue un verdadero enigma. Pero faltó poco tiempo para que comenzaran a caer todos los involucrados, entre ellos, uno sindicado como autor material e inductor, al mismo tiempo, más otros cinco autores directos y dos encubridores.
Orden a “los perros”
La acusación del fiscal Soto, presentada justo diez días después del momento en que comunicó el cierre de la investigación, en audiencia judicial, recuerda que el día de Navidad, Aylin Fuentes, en compañía de una amiga, recibió de manos de Fabián Andrés Jofré Hormazábal, alias el “Tuerto Fabián”, una bolsa con pasta base de cocaína.
El objetivo era vender dicha droga y, luego, pagar 60 mil pesos a Jofré Hormazábal. El documento advierte que, contrariamente, Aylin y su amiga consumieron la totalidad de la droga, sin realizar venta alguna.
Por ello, añade que Jofré Hormazábal envío a sus “sicarios” o “perros” –como se les conocen del hampa- a cobrar venganza.
Según la Fiscalía, este sujeto los instruyó que incluso mataran a las dos mujeres. Así, algunas horas después, los menores apodados “El Zafrada”, “El Churri”, “El Jefferson” y “La Jana”, liderados por Segundo Manuel Rosales Quezada, alias “El Chundo”, cumplieron con esta orden y salieron en búsqueda de Aylin y su amiga.
Arma y dinero
La acusación detalla que el grupo andaba en un auto de color rojo, conducido por “El Zafrada”, en el cual recogieron a las dos jóvenes en la Población San Miguel del Piduco, para engañarlas e invitarlas a consumir alcohol y drogas. Así las futuras víctimas se subieron al vehículo y el grupo llegó hasta los quinchos del río Claro.
Previamente concertados, también acudió hasta ese lugar el “Tuerto Fabián”. Allí, este sujeto le entregó un arma de fuego y dinero a Segundo Rosales, para que matara a Aylin Fuentes, repitiendo el ofrecimiento de una compensación económica para “El Zafrada” y “El Jefferson”. El grupo pasó la medianoche en ese mismo sector.
A las 03.00 horas del día siguiente -26 de diciembre- decidieron caminar hasta las cercanías del estero Piduco con la Circunvalación Norte, un lugar que –según la acusación- había sido previamente elegido por los antisociales, por cuanto es un sector aislado y sin tránsito de personas. A ello se sumaba la superioridad numérica de los imputados.
“Hay que matarla”
La fiscalía subraya que “La Jana” apunta a Aylin y grita “a esta huevona hay que matarla porque se fundió” y, acto seguido, los otros menores y “El Chundo”, comenzaron a agredir a dicha víctima. Entre los violentos ataques, “El Zafrada” la golpea en el cráneo con un arma, mientras los otros menores la amarran de pies y manos.
Ayline respondía “déjenme tranquila… Les pago las bolsas”, recibiendo como respuesta amenazas de muerte. En el intertanto, la amiga y testigo logró escapar, dando paso a que el grupo comenzara a desnudar a su víctima, reiterando los golpes. La agresión terminó cuando el “Tuerto Fabián” la estranguló con sus manos.
Luego, el grupo lanzó el cadáver de Aylin al río y Jofré Hormazábal les pagó 100 mil pesos a los tres menores hombres y al “Chundo”. De allí, la acusación salta al 12 de marzo, cuando se frustró un operativo policial de detención del “Tuerto Fabián”, atribuyendo responsabilidad a Italo Iván Molina Aravena y María José Campos Gutiérrez.
Acusación
En la parte medular, la fiscalía sostiene que el asesinato de Aylin Fuentes es un homicidio calificado, con las circunstancias de alevosía, premio o promesa remuneratoria, ensañamiento y premeditación.
En cuanto a Jofré Hormazábal, se le acusa tanto como autor material e inductor del crimen, ambas figuras al mismo tiempo.
A su vez, a los cuatro menores de edad y a Segundo Rosales, se les acusa como autores materiales de homicidio calificado, con las circunstancias de añadir ignominia al asesinato y de cometer el delito en zona despoblada.
En el mismo sentido, a Italo Molina y María José Campos, se les acusa como encubridores del principal involucrado.
La acusación reconoce en favor de los menores apodados “El Zafrada” y “La Jana”, además de María José Campos, la circunstancia atenuante de irreprochable conducta anterior. Y respecto de Segundo Rosales y María José Campos, otra atenuante de colaboración sustancial en el esclarecimiento del grave delito.
En cuanto a las posibles condenas, la fiscalía exigió para Jofré Hormazábal, alias “El Tuerto Fabián”, la pena única de presidio perpetuo calificado, esto es, cárcel de por vida, aunque recién cumplidos 40 años podría optar a otra modalidad de cumplimiento. Por ello, se agrega vigilancia de la autoridad por otros 10 años más.
En cuanto a Segundo Rosales, alias el “Chundo”, la acusación exige presidio perpetuo simple, esto es, cárcel de por vida, pero al cumplir 20 años podría optar a otra modalidad de cumplimiento, por lo cual, se piden 10 años de vigilancia de la autoridad. A su vez, para los cuatro menores, se exigen 10 años de internación en régimen cerrado.
Para el acusado, Italo Molina, la fiscalía exigirá siete años de presidio mayor, en su grado mínimo; y para María José Campos, cuatro años de presidio menor, en grado máximo. A la fecha, solo falta que el Juzgado de Garantía de Talca fije la fecha de la audiencia de preparación de juicio oral, para que corran nuevos plazos legales.
Entre ellos, destaca que la parte querellante, esto es, la familia de la víctima, representada por el abogado penalista, Mauricio González, puede adherirse a la acusación de la fiscalía o bien presentar acusación particular, además de entablar una posible demanda civil, exigiendo indemnización económica por daño moral.
La acusación de la fiscalía contiene un listado total de 55 testigos, entre ellos, numerosos detectives de la Brigada de Homicidios (BH) de la PDI de Talca, quienes tuvieron a su cargo ejecutar la investigación. Se suman 25 documentos, en su mayoría, informes periciales de la PDI y también del Servicio Médico Legal (SML).
Finalmente, se incluyen siete peritos, entre ellos, Vivian Bustos, médico legista del SML de Santiago que tuvo a su cargo la autopsia al cadáver de Aylin. Se suman otras 26 evidencias materiales que, en gran medida, corresponden a discos compactos con fotografías, así como teléfonos celulares de los imputados y prendas de ropa.
