Paola Acosta (36 años) y su hija desaparecieron la noche del miércoles pasado en la ciudad argentina de Córdoba, según informó una fuente de la Gobernación a la agencia de noticias AFP.

Tras cuatro días sin dar señales, Acosta apareció muerta el domingo en un desagüe callejero a dos metros de profundidad, con señales de haber sido golpeada. No obstante, su bebé de un año y nueve meses, llamada Martina, sobrevivió a la intemperie apoyada sobre el cuerpo de su madre, señala la misma fuente.

Las autoridades están investigando cuándo mataron a la mujer, para determinar las causas del crimen, y las horas que permaneció la niña al lado del cuerpo de su progenitora. El principal sospechoso sería el padre de la pequeña, Gonzalo Lizarralde (33).

“Martina está hospitalizada, en estado delicado, por haber estado expuesta al frío y en contacto con aguas servidas. Una hipótesis es que pudo haber estado tres días en esa situación“, dijo la fuente.

Lizarralde, quien había mantenido una relación pasajera con Acosta, fue detenido el sábado al llegar a la Unidad Judicial de Homicidios. Él fue la última persona con la cual Paola tuvo contacto. El acusado aclaró que la noche del miércoles fue donde la víctima estrictamente a dejarle el dinero para la alimentación (medida acordada judicialmente) y luego se retiró.

En relación al hallazgo, la bebé “presenta lesiones nítidas punzo cortantes en el tórax y cuello. La causa puede ser por la caída, y por lesión a través de un elemento“, según un informe del Hospital de Niños difundido por la gobernación.

Además, la hermana de Paola, comentó en un cuenta de Twitter que “Martina está en terapia intensiva evolucionando y la están cuidando bien“. Asimismo, informó que hoy lunes en la noche está convocada una marcha callejera para exigir jusiticia.

Cabe señalar que las cifras de crímenes por causas de género en el país trasandino, habían descendido en 2012 a 255 de los 285 registrados en 2011, pero creció nuevamente a 295 en 2013, según el informe anual de la ONG Casa del Encuentro.

El Congreso aprobó en 2012 con voto unánime un nuevo régimen que castiga el delito de femicidio con reclusión perpetua.