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La bancada de Renovación Nacional presentó un proyecto de ley que busca sancionar a quienes desobedezcan órdenes de evacuación sin causa justificada, después del operativo de rescate en el Cajón del Maipo. La propuesta contempla penas de presidio menor o multas de hasta 50 UTM, junto con el reembolso al Estado de los gastos extraordinarios de búsqueda y rescate. El diputado Mauro González explicó que la medida apunta a quienes ignoran las instrucciones de evacuación en situaciones de emergencia, diferenciándose de casos accidentales. Esta iniciativa se basa en normativas de otros países, que penalizan la desobediencia a órdenes de evacuación y permiten recuperar recursos públicos utilizados en rescates por conductas irresponsables.
Tras el operativo que movilizó durante varios días a equipos de emergencia para rescatar a tres personas atrapadas en un refugio del Cajón del Maipo, la bancada de Renovación Nacional (RN) presentó un proyecto de ley que busca sancionar a quienes desobedezcan órdenes de evacuación sin una causa justificada.
La iniciativa plantea que quienes incumplan deliberadamente estas instrucciones enfrenten penas de presidio menor o multas que van desde las 11 hasta las 50 UTM. Además, deberán reembolsar al Estado los gastos extraordinarios que origine un eventual operativo de búsqueda y rescate.
El diputado Mauro González explicó que la propuesta apunta a quienes, “a sabiendas y sin causa justificada, no obedece una orden de la autoridad para evacuar, o la prohibición de ingreso, o la permanencia en una zona determinada”, informó BioBioChile.
En esa línea, el parlamentario agregó que, si esa desobediencia obliga a desplegar un operativo de rescate, los responsables “deben reembolsar todos los costos, todos los gastos a la administración del Estado que fueron originados por su negligencia”.
Desde RN enfatizaron que el proyecto no pretende sancionar a personas que sufran accidentes o necesiten ayuda mientras realizan actividades recreativas.
En cambio, la iniciativa apunta exclusivamente a quienes ignoren de manera consciente las instrucciones impartidas por la autoridad durante una emergencia.
Asimismo, los legisladores señalaron que este tipo de medidas ya funciona en distintos países, donde la normativa contempla sanciones para quienes incumplen órdenes de evacuación y permite recuperar los recursos públicos utilizados en rescates provocados por conductas irresponsables.