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Tras la controversia por la ‘ley de amarre’, el Gobierno ajustará la norma del proyecto misceláneo del Presupuesto que regula despidos de funcionarios públicos a contrata, elevando el requisito de años de servicio de 2 a 5. El ministro Grau desmintió la “fake news” sobre protección de cargos políticos y aclaró que deben cesar el 11 de marzo. La iniciativa busca formalizar despidos a través de la Contraloría, generando rechazo en la oposición por considerarla innecesaria ante jurisprudencia existente. El debate legislativo se prevé tenso, mientras el Gobierno busca recomponer apoyos en un Congreso dividido.
Tras la polémica por la denominada ‘ley de amarre’, el Gobierno decidió dar un giro a la norma incluida en el proyecto misceláneo del Presupuesto que regula las condiciones de despido de funcionarios públicos a contrata.
En ese contexto, este lunes el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, confirmó que el Ejecutivo ajustará la iniciativa tras las críticas surgidas desde la oposición y algunos sectores del oficialismo.
¿Qué pasó con la ‘ley de amarre’?
Recordemos que la propuesta había generado resistencia debido a que ampliaba el derecho de los funcionarios a reclamar ante la Contraloría en caso de despidos considerados injustificados.
Inicialmente, el texto establecía que este mecanismo estaría disponible para trabajadores con al menos dos años a contrata.
Sin embargo, en conversación con Radio Duna, el secretario de Estado explicó que el Gobierno optó por elevar ese requisito.
“Lo que presentamos fue que quienes tenían este derecho a reclamo en la Contraloría eran personas que estaban a contrata al menos hace 2 años, y cambiamos ese número de 2 a 5 años”, afirmó.
Además, aclaró: “Por lo tanto, ese derecho no va a estar para las personas que incluso hayan entrado por concurso público durante esta administración”.
Junto a lo anterior, Grau también abordó las críticas que apuntaban a una eventual protección de cargos de confianza política.
Según indicó, esa interpretación corresponde a una ‘fake news’.
“Por primera vez se va a poner en ley que estas personas, en cargos políticos, tienen que salir el 11 de marzo”, indicó, subrayando que el objetivo del proyecto es normar una práctica administrativa vigente desde el primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera.
De acuerdo con el ministro, la iniciativa busca formalizar por ley el instructivo de despidos de funcionarios a contrata, permitiendo que las reclamaciones se canalicen a través de la Contraloría General de la República, en lugar de recurrir directamente a tribunales.
“Existe una jurisprudencia clara”
Con la modificación anunciada, el Ejecutivo espera despejar suspicacias y facilitar la tramitación del proyecto.
Pese a ello, desde la oposición persiste el rechazo. El diputado Frank Sauerbaum (RN), integrante de la Comisión de Hacienda, sostuvo que no apoyarán la norma, argumentando que no es necesaria debido a la jurisprudencia ya existente.
“Existe una jurisprudencia clara y consistente de la Contraloría General de la República y también de la Corte Suprema, instituciones que son serias y autónomas y ya establecieron el criterio de los cinco años”, mencionó, según consignó BioBioChile.
Desde una vereda distinta, el diputado Carlos Bianchi, independiente de la bancada PPD, advirtió que el cambio deja en una situación compleja a quienes llevan menos de cinco años a contrata.
“Con este nuevo anuncio del ministro Grau, que estoy casi seguro tuvo que haber concordado con el gobierno entrante en el mes de marzo, quedan en la más absoluta desprotección las funcionarias y los funcionarios públicos que llevan un año, 2, 3, 4 años”, cuestionó, agregando que incluso quienes ingresaron por concurso público quedarían “en total desamparo”.
Con este escenario, el debate legislativo se anticipa tenso, mientras el Gobierno intenta recomponer apoyos en torno a una norma que sigue generando divisiones en el Congreso.