Sigue con licencia: ¿qué pasará con denunciante de Manuel Monsalve de cara al gobierno de Kast?
A pocos meses del cambio de mando, el Gobierno enfrenta un flanco administrativo que volvió a tensionar el caso Monsalve.
Esta vez por la situación laboral de la funcionaria que denunció delitos sexuales contra el exsubsecretario del Interior.
La mujer mantiene licencias médicas continuas desde octubre de 2024, el mismo mes en que la Fiscalía Centro Norte recibió la denuncia por violación contra Manuel Monsalve.
El episodio derivó en una investigación penal y en consecuencias administrativas que siguen vigentes dentro del Ejecutivo, pese al avance del calendario político y la futura instalación del gobierno del presidente electo José Antonio Kast.
El exsubsecretario permaneció seis meses en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber, mientras el impacto del caso comenzó a traspasar el ámbito judicial.
Paralelamente, la denunciante inició una serie de gestiones para resguardar sus ingresos, luego de que Compin suspendió en marzo el pago de sus licencias médicas.
Esa medida generó una nueva ofensiva judicial encabezada por su abogada penal, María Elena Santibáñez, quien afirmó que la funcionaria “estaba muy afectada ya que esa era su única fuente de ingresos”.
En junio, la defensa insistió en que la suspensión profundizaba el daño personal y económico de la mujer, ya golpeada por la denuncia y por el proceso penal.
Denunciante de Manuel Monsalve continuará en la Subsecretaría del Interior
Hace algunas semanas, la justicia laboral acogió la solicitud de la denunciante y restableció el pago de sus remuneraciones, pese a los reparos del organismo que cuestionó la continuidad de las licencias médicas.
Ese fallo mantiene su vínculo con la Subsecretaría del Interior y permite que continúe con permisos médicos activos, según fuentes citadas por La Tercera.
En el Ejecutivo reconocen que la relación contractual seguirá vigente hasta después de marzo, cuando el nuevo gobierno asuma funciones y defina los pasos administrativos futuros en medio del juicio.
La Subsecretaría del Interior aseguró que cumple “estricto cumplimiento con sus obligaciones legales” y remarcó que el caso se encuentra en un juicio de tutela laboral en el 2° Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago.
Ese proceso tiene carácter reservado y el Consejo de Defensa del Estado representa a la institución.
Por último, la subsecretaría recalcó que la normativa impide modificar la situación laboral de la denunciante mientras el juicio siga en curso, por lo que el Ejecutivo mantendrá la actual relación contractual a la espera de una resolución definitiva en sede judicial.
