Después de permanecer más de 14 años en prisión, Irma Mabel Ovalle Oyarzún recuperó su libertad condicional, luego de recibir una condena de 20 años por planificar el asesinato de su esposo, el suboficial en retiro Didier Celestino Mansilla Rivera.
La mujer abandonó durante la noche el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, en la Región de Magallanes, luego de que la comisión jurisdiccional del Poder Judicial le concediera el beneficio.
Sin embargo, su salida de la cárcel no significa que haya terminado de cumplir su condena, pues deberá completar los años restantes bajo el régimen de libertad condicional y las respectivas medidas de supervisión, consignó El Pingüino.
El crimen que protagonizó Irma Ovalle en Punta Arenas
El caso se remonta al 29 de julio de 2012, cuando Irma Ovalle coordinó el asesinato de su esposo con Sergio Esteban Escalona Chiguay, a quien pagó para concretar el crimen.
De acuerdo con la investigación, Escalona utilizó un perfil falso en redes sociales para contactar al exuniformado y acordar un encuentro en Punta Arenas.
Una vez dentro del vehículo de la víctima, el sujeto lo atacó con un arma blanca en el cuello, provocándole graves heridas.
Producto de la agresión, Mansilla falleció horas más tarde en el Hospital Clínico de Magallanes.
Posteriormente, la justicia estableció la participación de ambos involucrados y los condenó a 20 años de presidio. Mientras Ovalle recibió una sentencia por parricidio, Escalona enfrentó una condena por homicidio calificado.
La polémica por la pensión de viudez de Irma Ovalle
Cabe mencionar que la mujer ya había protagonizado una controversia en mayo de este año, debido a una resolución judicial relacionada con la muerte de su esposo.
En aquella oportunidad, la Corte de Apelaciones de Punta Arenas ordenó a la Caja de Previsión de la Defensa Nacional (Capredena) restituirle su pensión de viudez, beneficio derivado del fallecimiento de Mansilla.
Ahora, su salida del recinto penitenciario vuelve a poner en la discusión pública uno de los crímenes que mayor conmoción generó en la Región de Magallanes.
La resolución judicial obligó al pago de montos retroactivos acumulados desde 2017, cifra que ascendió a cerca de $150 millones, generando un fuerte rechazo ciudadano debido a su condición de condenada por parricidio.