Revelan que 33 funcionarios públicos tienen deudas con el Fondo Solidario: ganan más de $10 millones
Un nuevo antecedente remeció el debate sobre las deudas universitarias, luego que se revelara que funcionarios públicos con altos sueldos mantienen montos pendientes en el Fondo Solidario.
La información surge en medio del proceso impulsado por la Tesorería General de la República para avanzar en el cobro de morosos del Crédito con Aval del Estado, lo que abrió el foco hacia otros sistemas de financiamiento.
Más de mil autoridades morosos en el Estado
Según una investigación de Mega Investiga, basada en datos del Consejo de Rectores y registros oficiales del Estado, se detectó que miles de trabajadores del sector público figuran como deudores.
En ese contexto, el reporte identificó que existen al menos 17 mil funcionarios públicos con deudas vinculadas a este tipo de créditos, lo que encendió las alertas por la magnitud del fenómeno.
Sin embargo, uno de los datos que más llamó la atención tiene relación con los ingresos de algunos de estos deudores, ya que varios perciben remuneraciones elevadas.
De hecho, el informe detectó que al menos 33 funcionarios con sueldos superiores a los $10 millones mantienen deudas que, en conjunto, superan los $380 millones.
¿Qué es el Fondo Solitario de Crédito Universitario?
Estos casos no se concentran en un solo organismo, sino que se distribuyen en distintas instituciones del Estado, incluyendo el Congreso, la Contraloría, la Fiscalía y otros servicios públicos.
La distribución de ingresos también fue detallada en la investigación. Entre los deudores, hay funcionarios que perciben entre $10 y $13 millones mensuales, lo que ha generado cuestionamientos respecto al cumplimiento de sus obligaciones.
Además, si se amplía el rango de análisis, el número de funcionarios con sueldos superiores a $5 millones que presentan morosidad se eleva considerablemente, alcanzando cerca de mil casos dentro del listado total.
El Fondo Solidario de Crédito Universitario corresponde a un sistema de financiamiento destinado principalmente a estudiantes de menores ingresos pertenecientes a universidades del Consejo de Rectores.
