Un nuevo antecedente salió a la luz en medio de la polémica por las rebajas de condena otorgadas a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad durante el gobierno de José Antonio Kast.
Se trata de la historia de la única mujer pederasta que recibió este beneficio y cuyo caso tiene una particular conexión con el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Según reveló Informe Especial, la beneficiada es Margarita Angélica Villegas Lagos, de 55 años, quien fue condenada a 15 años de cárcel por violación y abuso sexual de menores de 14 años, por hechos ocurridos mientras se desempeñaba como auxiliar de aseo en el Colegio Apoquindo, ubicado en la comuna de Lo Barnechea.
En ese entonces, la mujer y su esposo, Esteban Alonso Moya Godoy, de 56 años, vivían en una casa al interior del establecimiento educacional, donde ambos trabajaban como auxiliares. Sin embargo, en 2012 sus nombres quedaron vinculados a una mediática investigación penal por delitos sexuales contra alumnos del recinto.
De acuerdo con lo establecido por la justicia, ambos trasladaban a sus víctimas hasta dicha vivienda para cometer los delitos. La investigación determinó que en ese lugar se produjo la violación de dos estudiantes y el abuso sexual de otros dos menores.
Casi 14 años después, Villegas volvió a quedar en el centro de la atención pública, luego de que el pasado 17 de abril el Ministerio de Justicia autorizara una rebaja de 16 meses en su condena, que originalmente debía cumplirse hasta el 2 de julio de 2027.
Cabe señalar que la mujer no fue la única de su familia en recibir este beneficio. En diciembre de 2021, su esposo también consiguió una reducción de condena, precisamente por orden del máximo tribunal.
El particular nexo de Fernando Rabat con el polémico caso
Uno de los antecedentes que más llamó la atención es el vínculo que el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, tuvo anteriormente con esta misma causa.
Y es que, según reveló Informe Especial, antes de asumir como ministro, Rabat participó en la misma causa, pero desde otro frente: en su calidad de abogado particular, representó a uno de los propietarios del Colegio Apoquindo ante una demanda presentada por las familias de las víctimas.
Entre 2014 y 2023, los familiares de los menores afectados llevaron adelante acciones judiciales contra el establecimiento educacional, buscando obtener una millonaria indemnización por los abusos cometidos.
En ese escenario, Rabat se posicionó como contraparte de las víctimas, defendiendo los intereses de uno de los propietarios del colegio e intentando frenar la compensación económica solicitada.
Las familias habían exigido una reparación de $6.400 millones. Sin embargo, tras la disputa judicial, el monto terminó reduciéndose a $570 millones.