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Revelan detalles tras fuga de condenado por homicidio en Copiapó: investigan romance con funcionaria

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Revelan detalles tras fuga de condenado por homicidio en Copiapó: investigan romance con funcionaria
Agencia UNO | Carabineros
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La investigación por la fuga de Néstor Quiñones en Copiapó reveló nuevos antecedentes durante su audiencia de formalización en Atacama. Se señaló una presunta coordinación para sacarlo del centro de internación y llevarlo a Antofagasta, apuntando a una funcionaria suspendida como pieza clave. Se mencionaron acciones como buscar un vehículo, pagar peajes y coordinar su traslado, todo bajo el pretexto de asistir a un bautizo inexistente. La Fiscalía formalizó a ocho personas, solicitando prisión preventiva, pero el tribunal optó por medidas cautelares menos severas. Se discutió la posible transferencia de Quiñones a la cárcel juvenil, pero por el momento seguirá en el centro de internación.
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La investigación por la fuga de Néstor Quiñones en Copiapó, condenado a 10 años por homicidio, sumó nuevos antecedentes durante su audiencia de formalización en Atacama.

El Ministerio Público expuso una serie de hechos que apuntan a una eventual coordinación para sacar al joven desde el Centro de Internación Provisoria y de Internación en Régimen Cerrado (IP-IRC) de Copiapó y facilitar su posterior llegada hasta la región de Antofagasta.

De acuerdo con lo consignado por Atacama Noticias, uno de los principales focos de la indagatoria quedó puesto en una funcionaria del recinto, quien al momento de los hechos permanecía suspendida mientras enfrentaba un sumario administrativo.

¿Qué se sabe sobre la fuga de un condenado por homicidio en Copiapó?

Por su parte, la Fiscalía indicó que la mujer habría mantenido contacto con el antisocial y participado en acciones destinadas a facilitar su desplazamiento.

Entre los antecedentes expuestos aparecen la búsqueda de un vehículo para trasladarlo, el pago de peajes mediante una transferencia bancaria y la supuesta participación de sus hijos en el recorrido.

A esto se sumaron conversaciones de WhatsApp que, según el persecutor, dan cuenta de coordinaciones para recibir al adolescente, entregarle comida y alojamiento y posteriormente continuar el viaje hacia Antofagasta.

La Fiscalía también puso bajo la lupa el motivo utilizado para autorizar la salida de Quiñones desde el centro de internación. El permiso se habría otorgado debido a su supuesta asistencia a un bautizo.

Sin embargo, las diligencias de la Unidad Anticorrupción, la Brigada Investigadora de Delitos Económicos y la Brigada de Homicidios, junto con requerimientos realizados a la Catedral de Copiapó, no permitieron encontrar antecedentes que acreditaran la realización de dicha ceremonia.

Las autoridades tampoco hallaron registros de charlas bautismales, una fecha definida para el sacramento ni información que permitiera identificar al menor que sería bautizado o a sus eventuales padrinos.

Bajo esa lógica, el fiscal regional de Atacama, Luis Miranda Flores, identificó tres momentos centrales dentro de la indagatoria: la recopilación de vestimentas, la fuga desde el vehículo institucional y el posterior traslado del condenado hacia el norte.

Antecedentes claves del caso

Cabe señalar que el automóvil del IP-IRC debía llevarlo hasta la Catedral de Copiapó. No obstante, el recorrido terminó desviándose aproximadamente cinco kilómetros hasta las inmediaciones de las tomas de Andacollo.

Tras unos 45 minutos de desplazamiento, Quiñones descendió del vehículo y escapó por un sector de difícil acceso.

Según los antecedentes presentados ante el tribunal, además, pasaron varias horas antes de que se denunciara formalmente la fuga, generando un margen de tiempo que habría favorecido su llegada hacia el norte.

La audiencia se extendió por cerca de cuatro horas y permitió a la Fiscalía presentar la investigación a partir de distintos episodios.

En total, ocho personas fueron formalizadas: tres funcionarios públicos, una funcionaria pública suspendida y cuatro particulares.

La decisión de la Fiscalía

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los imputados, con excepción de dos casos.

Pese a aquello, el tribunal optó por imponer medidas cautelares de menor intensidad, entre ellas arraigo nacional y firma periódica. Asimismo, fijó un plazo de cuatro meses para desarrollar la investigación.

Durante la jornada también se abordó la situación del propio Quiñones, quien actualmente tiene 21 años.

Debido a esto, la Fiscalía pidió trasladarlo desde el IP-IRC hasta la sección juvenil de la cárcel de Copiapó, argumentando antecedentes vinculados con conductas graves y denuncias de amenazas dentro del recinto.

Por último, el tribunal rechazó por ahora esa solicitud y determinó que el hombre continuará en el IP-IRC.

La audiencia quedó reagendada para el 15 de septiembre, instancia en la que se incorporarán nuevos antecedentes y oficios relacionados con la investigación.