VER RESUMEN
Manuel Cabezas, exsuboficial de la FACh de 90 años condenado por torturas durante la dictadura, volvió a trabajar como peluquero tras salir de Punta Peuco en junio, con una rebaja de ocho meses de su pena. Atribuyó la demora de su libertad al gobierno de Gabriel Boric y dijo que obtuvo el beneficio por su “conducta sobresaliente”. Aunque niega ser torturador, la justicia lo condenó por tormentos a dos detenidos en 1973 y calificó los delitos como crímenes de lesa humanidad. Su rebaja, firmada por el ministro Fernando Rabat, generó cuestionamientos.
Manuel del Carmen Cabezas Pérez, exsuboficial de la Fuerza Aérea de Chile (FACh) de 90 años, volvió a trabajar como peluquero tras abandonar Punta Peuco en junio pasado.
El exuniformado cumple ahora su libertad luego de recibir una rebaja de ocho meses en su condena de cinco años y un día por delitos reiterados de aplicación de tormentos durante la dictadura.
En conversación con Meganoticias, Cabezas aseguró que debió recuperar su libertad antes y responsabilizó al gobierno del expresidente Gabriel Boric por la demora en el trámite.
“La salida mía era de marzo, pero como Boric no firmó… Ahora le agradezco que no lo firmó, porque quizás igual no me habría dado la salida”, lanzó. Luego agregó: “Firmó el Presidente Kast”.
Reo de Punta Peuco liberado por decreto: “Este beneficio me lo gané yo”
La salida del exsuboficial también quedó en el centro de la controversia por las rebajas de condena que firmó el actual ministro de Justicia, Fernando Rabat.
Y es que Cabezas integra la lista de beneficiados, decisión que, junto con otras rebajas otorgadas a condenados por delitos sexuales, generó cuestionamientos contra el secretario de Estado e incluso amenazas de una acusación constitucional.
El decreto que formalizó el beneficio lleva la firma de Rabat “por orden del Presidente de la República”, mientras que el subsecretario de Justicia, Luis Silva Irarrázaval, suscribió la transcripción.
Respecto de los motivos que le permitieron acceder a la rebaja, el exreo defendió su comportamiento durante su permanencia en prisión. “Este beneficio me lo gané yo por conducta sobresaliente”, sostuvo.
Gendarmería elabora un listado de internos que destacan por su buena conducta para que puedan postular a este tipo de beneficios. Cabezas relató que primero pasó 11 meses en Colina 1 y luego llegó a Punta Peuco.
El exintegrante de la FACh ingresó al sistema penitenciario después de que la Corte Suprema rechazara, en 2021, el recurso de casación que presentó su defensa y confirmara la condena.
Antes, en diciembre de 2017, el entonces ministro en visita Mario Carroza había dictado una pena de tres años. Sin embargo, en noviembre de 2018, la Corte de Apelaciones de Santiago aumentó el castigo a cinco años y un día, sin concederle una pena sustitutiva.
Pese a la resolución judicial, Cabezas niega haber cometido los delitos por los que recibió la condena. “Todo es falso, no soy un torturador”, aseguró durante la entrevista.
El exsuboficial sostiene que su función dentro de la Base Aérea El Bosque consistía únicamente en trasladar detenidos y rechaza cualquier responsabilidad en los interrogatorios y tormentos que describe la sentencia.
Los delitos por lo que fue condenado
Los tribunales lo condenaron por su responsabilidad como autor de delitos reiterados de aplicación de tormentos contra Patricio Mario Rivera Cornejo y Ramón Daniel Pavez Casanova, ambos detenidos en 1973.
Rivera, trabajador de Madeco y militante socialista, cayó detenido en su domicilio de San Miguel el 19 de septiembre de 1973.
Según la sentencia, sus captores lo sometieron a interrogatorios con electricidad en los genitales y la lengua, simulacros de fusilamiento y marcas en la espalda con un yatagán para dibujar el símbolo de la Unidad Popular.
Pavez, dirigente estudiantil, fue detenido en Santiago el 18 de octubre de ese año y permaneció entre una semana y diez días en la base aérea, donde sufrió golpes, interrogatorios y torturas con electricidad.
La resolución judicial calificó los delitos como crímenes de lesa humanidad y estableció que provocaron lesiones graves. Además, mantuvo una indemnización de $40 millones para cada víctima, que debe pagar el Fisco.