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El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó la petición de prisión preventiva y arresto domiciliario total para los cuatro imputados en el caso ProCultura. Los acusados quedaron bajo arraigo nacional, con un plazo de investigación de 90 días, mientras se indagan posibles irregularidades en el uso de recursos fiscales por parte de la Fundación ProCultura. El abogado de la defensa destacó que no había pruebas de fraude al Fisco y que los proyectos investigados eran reales, aunque puedan tener cuestionamientos administrativos.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago resolvió este lunes no acoger la solicitud de prisión preventiva que presentó la Fiscalía contra los cuatro imputados en el denominado caso ProCultura.
Durante la audiencia, el tribunal tampoco dio lugar a la petición de arresto domiciliario total, lo que marcó un punto relevante en el avance de la investigación, informó BioBioChile.
La resolución la comunicó el magistrado Patricio Álvarez, quien analizó los antecedentes expuestos por las partes antes de definir las medidas cautelares que correspondían aplicar en esta etapa del proceso.
Tras la decisión judicial, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, Evelyn Magdaleno y María Teresa Abusleme quedaron sujetos únicamente a la medida de arraigo nacional.
De esta forma, los imputados continuarán en libertad, con la prohibición de salir del país mientras avanza la indagatoria.
Junto con ello, el tribunal fijó un plazo de investigación de 90 días. En este período el Ministerio Público deberá profundizar las diligencias vinculadas a las eventuales irregularidades que rodean a la Fundación ProCultura y su relación con recursos fiscales.
Las palabras de Alberto Larraín tras quedar con arraigo nacional en caso ProCultura
A la salida del Centro de Justicia, Alberto Larraín, señaló: “Les pido respeto, me voy a ir a juntar con mi familia. Todo quedó explicado en la audiencia, pueden buscarlo en los audios”.
“Creo que la prensa ya ha hecho suficiente daño en todos los casos, así que por favor les pido respeto, respeto por mi familia. Ya hablamos, está todo en la audiencia”, cerró, de acuerdo a CNN Chile.
En tanto, Cristian Arias, abogado del representante legal de la Fundación ProCultura, valoró la determinación adoptada por el juez.
Según sostuvo, la resolución se encuentra debidamente fundamentada, ya que durante la audiencia no aparecieron antecedentes que permitieran sostener que los imputados hayan defraudado al Fisco.
En esa misma línea, el defensor afirmó que la tesis del Ministerio Público “carecía de sustento serio”.
El abogado también enfatizó que Alberto Larraín nunca desempeñó un rol de apropiación de dineros fiscales y que, además, no reunía la calidad de funcionario público.
Respecto de los cuestionamientos dirigidos a ProCultura, Arias indicó que el análisis de los antecedentes permitió aclarar el origen y desarrollo de los proyectos investigados.
“Todos los antecedentes mostraron que no eran proyectos de pantalla, sino que completamente reales, dentro de procedimientos que podrán ser discutibles en cuanto al procedimiento administrativo, pero (el tribunal) no observó nada de naturaleza penal. Eso es muy importante tenerlo claro“, cerró el defensor.