El ministro de Justicia, Fernando Rabat, recibió al menos tres advertencias sobre las consecuencias de otorgar rebajas de condena a agresores sexuales, antes de que estallara la polémica por los beneficios concedidos a 56 condenados.
Una investigación de Reportajes Teletrece reconstruyó las alertas que recibió entre febrero y mayo de 2026, tanto jurídicas como políticas. Sin embargo, el presidente José Antonio Kast no fue informado de ellas, según el citado medio.
La primera advertencia que recibió Rabat en febrero
El 5 de febrero, durante el traspaso de mando, el entonces ministro Jaime Gajardo le explicó a Rabat que su criterio era rechazar las solicitudes relacionadas con abusos sexuales a menores, salvo que un tribunal ordenara concederlas.
“Al revisar la sentencia se deberá tener especial consideración de los hechos que motivaron la acusación, la audiencia de determinación de penas y de la condena, con la finalidad de analizar la edad de la víctima”, señalaba un documento presentado en esa reunión.
“El costo de conceder beneficios a agresores sexuales”
En abril, Rabat reunió a asesores y especialistas para abordar los recursos de amparo. Entre 2022 y 2026 se habían presentado 295 acciones de condenados por delitos sexuales y el 92,5% había sido acogido, según el reportaje.
En ese encuentro le plantearon que debía “ponderar el aumento de los recursos versus el costo de conceder beneficios a agresores sexuales”.
También le advirtieron que “había que ponderar judicialización versus el costo de conceder beneficios en casos graves o de alta connotación”.
La propuesta era mantener un criterio fundado para rechazar solicitudes y dejar que los tribunales resolvieran los recursos.
Pese a esas alertas, el Ministerio de Justicia terminó autorizando 56 rebajas de condena. Entre los beneficiados figura un hombre que violó a su hija de 11 años y recuperó la libertad tres años antes de lo previsto.
La advertencia de mayo que no llegó a Kast
En mayo, un funcionario volvió a advertirle que era preferible no conceder esos beneficios, pero Rabat sostuvo su posición invocando la Constitución, según Reportajes Teletrece.
La investigación estableció que las alertas políticas no fueron comunicadas a Kast.
El ministro ya lo había reconocido el 22 de octubre, durante una entrevista en Mega.
“El Presidente Kast no estaba en conocimiento de esta situación porque esas son decisiones que las adopta el ministro de Justicia”, afirmó.
Posteriormente, el mandatario reconoció el error en las rebajas de condenas, aunque decidió mantener a Rabat en el cargo.
Ahora, el secretario de Estado enfrenta cuestionamientos por una eventual acusación constitucional. Según el reportaje, su defensa ante el Congreso podría costar cerca de $17 millones.