Proyecto que podría liberar a violadores y homicidas reabre fuerte polémica en el Congreso
Un intenso debate político y social se encendió nuevamente en el Congreso luego de que el vocero de campaña de José Antonio Kast, el diputado José Carlos Meza (Republicano), defendiera el proyecto de entregar beneficios humanitarios incluso a condenados por delitos de alta gravedad.
Sus dichos, que involucran a personas sentenciadas por violación de menores, femicidios o crímenes de lesa humanidad, reactivaron la controversia en torno al proyecto de conmutación de penas actualmente en tramitación.
La propuesta legislativa, presentada por los senadores Luz Ebensperger, Francisco Chahuán, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, busca permitir que los tribunales suspendan o sustituyan penas de cárcel por reclusión domiciliaria total en casos específicos de enfermedad, discapacidad severa o avanzada edad.
El texto, sin embargo, no contempla exclusiones por tipo de delito, lo que ha generado inquietud transversal, detalló BioBioChile.
¿Qué plantea el proyecto?
El proyecto (Boletín 17.370) eleva a rango legal principios penitenciarios como el deber del Estado de mitigar los efectos perjudiciales del encierro, garantizar el acceso a tratamiento médico y permitir que un interno terminal pueda morir fuera de un recinto penitenciario.
Sobre esa base, propone dos mecanismos:
- Suspensión temporal de la pena para personas con enfermedad mental grave, condiciones de riesgo vital dentro de la cárcel o deterioro físico incompatible con la infraestructura penitenciaria.
- Reclusión domiciliaria total por el resto de la condena en casos de enfermedades crónicas sin tratamiento adecuado en prisión, condiciones terminales, discapacidad severa que implique trato inhumano, o internos mayores de 70 años cuya edad sumada al tiempo en prisión llegue a 80.
Según el senador Alejandro Kusanovic, la idea es evitar situaciones en que “personas que por su enfermedad grave o terminal, en conjunto con su edad y estando en reclusión, pasan a vivir una tortura inhumana más que un castigo o sanción justa”.
No obstante, el detalle que no establece exclusiones por delitos generó alarma, especialmente porque en su fundamentación se menciona a los condenados por causas de derechos humanos, un grupo que concentra gran parte de la población penal de edad avanzada.
Reacción del Gobierno: “Una propuesta aberrante”
Desde el oficialismo, las críticas han sido categóricas. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, calificó la idea defendida por Meza como “aberrante”, reafirmando que “el lugar de los criminales es la cárcel” y que quienes cometen delitos graves “tienen que cumplir la totalidad de sus condenas”.
El ministro de Justicia, Jaime Gajardo, también expresó reparos: “Creo que hoy tenemos las herramientas suficientes para que estas personas cumplan sus condenas y no haya impunidad en nuestro país”, advirtiendo que la edad por sí sola no puede transformarse en un mecanismo de salida anticipada.
¿Quiénes podrían acceder al beneficio? Los casos más polémicos
Según cifras de Gendarmería (al 30 de junio de 2025), existen 2.518 personas privadas de libertad mayores de 60 años, de las cuales 1.975 son condenadas. Entre ellas:
- 403 por violaciones a los derechos humanos
- 563 por abuso sexual
- 410 por violación
- 201 por homicidio
- 19 por parricidio
De prosperar el proyecto, varios condenados altamente conocidos podrían solicitar la sustitución de sus penas. Entre ellos:
- Julio Pérez Silva, el “psicópata de Alto Hospicio”, condenado por 14 homicidios y dos violaciones.
- María del Pilar Pérez, La Quintrala, sentenciada por múltiples homicidios.
- Hugo Bustamante, autor del femicidio y violación de Ámbar Cornejo.
- Miguel Krassnoff, exagente de la DINA, condenado en más de cien causas por delitos de lesa humanidad.
El proyecto continúa su tramitación en general en el Senado. La Comisión de Derechos Humanos ya emitió un primer informe, y de aprobarse, pasará a la Cámara de Diputadas y Diputados para su segundo trámite legislativo.
