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El Gobierno de José Antonio Kast presentó un proyecto de ley para modificar el Sistema de Admisión Escolar, reemplazando sorteos por un sistema mixto que permita a los colegios seleccionar estudiantes bajo criterios definidos. Se busca devolver a las familias la posibilidad de elegir la educación de sus hijos, reconocer el mérito académico y fortalecer la diversidad educativa. La propuesta contempla dos mecanismos de admisión, Elección Mutua y Asignación Aleatoria, con transparencia en su administración. Además, se reserva cupos para alumnos prioritarios y con discapacidad. El Gobierno argumenta que tras más de diez años, el sistema actual no ha logrado reducir la segregación ni mejorar la equidad educativa. El proyecto ahora se discutirá en el Congreso.
El Gobierno de José Antonio Kast presentó este martes un proyecto de ley que busca modificar de manera profunda el Sistema de Admisión Escolar (SAE).
El anuncio se realizó en una ceremonia en el Palacio de La Moneda, y contó con la presencia de la ministra de Educación, María Paz Arzola.
La iniciativa propone reemplazar el mecanismo actual, basado principalmente en sorteos, por un sistema mixto que permita a los establecimientos seleccionar estudiantes bajo ciertos criterios definidos por la normativa.
Según explicó el Ejecutivo, la propuesta pretende “devolver a las familias la posibilidad de elegir la educación de sus hijos”.
Junto con lo anterior, pretende recuperar el reconocimiento al mérito académico y fortalecer la diversidad de proyectos educativos existentes en el país.
La reforma contempla la creación de dos mecanismos complementarios de admisión: Elección Mutua y Asignación Aleatoria, informó BioBioChile.
Ambos procesos funcionarían mediante una plataforma única administrada por el Ministerio de Educación, con el objetivo de asegurar transparencia durante cada etapa.
¿Qué propone la reforma al SAE del gobierno de Kast?
La modalidad de Elección Mutua tendría carácter voluntario para los establecimientos que enfrenten sobredemanda y permitiría considerar criterios objetivos y no discriminatorios para definir el ingreso de los postulantes.
Entre ellos destacan la adhesión al proyecto educativo del establecimiento, la participación en reuniones informativas, aptitudes para programas de especialización, rendimiento académico desde séptimo básico, entrevistas y cercanía territorial.
El proyecto también incorpora medidas orientadas a resguardar la inclusión dentro del sistema. En ese contexto, establece la reserva de cupos para alumnos prioritarios pertenecientes al Sistema de Educación Preferencial (SEP), además de estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales permanentes.
En paralelo, la modalidad de Asignación Aleatoria mantendría el esquema vigente para aquellos colegios que decidan no incorporarse a la Elección Mutua y para las vacantes que permanezcan disponibles una vez finalizado dicho proceso.
Desde el Gobierno argumentaron que, después de más de diez años de vigencia de la Ley de Inclusión Escolar, el actual Sistema de Admisión Escolar no ha logrado cumplir completamente los objetivos que motivaron su creación.
Según señalaron, la disminución de la segregación y la mejora de las oportunidades educativas no han alcanzado los resultados esperados.
Las cifras del Gobierno
Como respaldo de esta postura, el Ejecutivo indicó que el 30% de los establecimientos registró sobredemanda en al menos uno de sus niveles durante el proceso de admisión 2026, concentrando el 55% de las postulaciones en primera preferencia. Esta cifra equivalente a más de 261 mil estudiantes.
Además, La Moneda sostuvo que el 80% de los alumnos que postularon a establecimientos con sobredemanda no cumplió los actuales criterios de priorización, por lo que obtuvo su asignación mediante sorteo.
En el caso de primero medio, esa proporción llega a nueve de cada diez estudiantes.
Bajo ese escenario, el Ejecutivo aseguró que la reforma permitirá entregar un mayor protagonismo a las familias, reconocer el esfuerzo y mérito académico de los estudiantes, fortalecer los distintos proyectos educativos y mantener mecanismos de inclusión y equidad.
Ahora, la iniciativa iniciará su discusión en el Congreso, instancia donde diputados y senadores deberán analizar el proyecto antes de que pueda transformarse en ley.