Polémica por cobro del CAE: abogados acusan que el embargo de bienes a deudores podría ser ilegal
En medio del sostenido aumento de la deuda asociada al Crédito con Aval del Estado (CAE), la Tesorería General de la República (TGR) activó un nuevo proceso de cobro que apunta a más de 550 mil personas que actualmente se encuentran en mora.
El escenario no es menor. Según los antecedentes, el pasivo vinculado a este sistema de financiamiento alcanzaría los $4 billones en 2025, lo que implica un crecimiento de ocho veces respecto a 2018.
Bajo ese contexto, la autoridad busca reforzar los mecanismos de recuperación de estos montos.
Cuestionan legalidad de los embargos por cobro del CAE
Sin embargo, el proceso sumó un nuevo flanco judicial. Un grupo de abogados decidió acudir a tribunales para impugnar los mecanismos utilizados por la Tesorería, específicamente el eventual embargo de bienes a deudores.
La acción fue liderada por el abogado Héctor Anabalón, del estudio HAZ Abogados, quienes presentaron recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, informó T13.
Según explicaron, el punto central radica en la naturaleza del CAE. Desde el estudio sostienen que este no corresponde a un impuesto ni a una deuda tributaria, sino a un crédito educacional regido por la Ley N° 20.027.
Bajo esa lógica, cuestionan que la Tesorería esté aplicando normas del Código Tributario para efectuar los cobros.
“En otras palabras, la TGR estaría actuando como ‘supercobrador’ sin habilitación legal expresa”, indicaron desde HAZ Abogados.
En esa línea, el recurso también advierte que este tipo de procedimientos —que contemplan medidas como requerimientos de pago, embargo e incluso el uso de fuerza pública— podrían vulnerar derechos fundamentales.
De acuerdo con la presentación, esta práctica podría afectar el derecho de propiedad y la igualdad ante la ley, al someter a los deudores del CAE a un sistema más estricto que el previsto en la normativa que regula este tipo de créditos.
Debate abierto por el sistema de cobro
Asimismo, los abogados sostienen que la propia legislación del CAE establece que la cobranza debe regirse por mecanismos judiciales y extrajudiciales generales, y no por procedimientos especiales como los que contempla el régimen tributario.
En ese contexto, el conflicto abre un nuevo debate sobre los límites de acción de la Tesorería y la legalidad de las herramientas utilizadas para enfrentar el creciente nivel de morosidad en el sistema.
