“Norma de amarre” en reajuste público: oposición acusa blindaje a funcionarios antes de Kast
El reajuste del sector público todavía ni siquiera aterriza formalmente en el Congreso, pero ya encendió una polémica que promete tomarse el debate de enero. Y es que, junto con el ajuste salarial, el Gobierno incluyó una disposición que en la oposición bautizaron como una “norma de amarre”, porque —según acusan— limitaría futuros despidos de funcionarios del aparato estatal.
El punto complica directamente a la próxima administración del presidente electo José Antonio Kast, ya que la norma apunta a restringir la no renovación de contratas o su renovación “en condiciones distintas” en diversas reparticiones: subsecretarías, servicios dependientes de ministerios o vinculados al Presidente (segundo piso), delegaciones presidenciales, universidades estatales y municipalidades. En ese escenario, el texto plantea que esa decisión “se realizará únicamente mediante acto administrativo fundado, sustentado en criterios objetivos y acreditables”, recogió BioBioChile.
Además, establece que “los funcionarios con, al menos, dos años de servicios continuos podrán reclamar por vicios de legalidad (errores-incumplimientos) por no renovación o renovación en condiciones distintas”. Y si eso ocurre, la Contraloría solo podría abstenerse de resolver cuando el interesado ya haya presentado acciones jurisdiccionales por los mismos hechos.
Desde el mundo sindical defendieron la medida. El presidente de la CUT, José Manuel Díaz, afirmó que con esa norma buscan mecanismos de defensa para que los funcionarios puedan entrar a un procedimiento de evaluación de desempeño “y no ocurra lo que pasó en el primer gobierno de Sebastián Piñera”. También sostuvo que la oposición “viene hace un año fustigando a los funcionarios” y amenazando con “despidos”.
Además, el proyecto también incorpora una norma para regular al personal que presta asesoría directa en gabinetes del Presidente, ministros, subsecretarios, gobernadores regionales, delegados presidenciales, seremis y jefaturas superiores designadas por el Presidente, fijando condiciones sobre contratación, causales de cese y remuneraciones.
Críticas a la medida para el sector público
Pero en la vereda contraria el rechazo fue total. El diputado republicano Agustín Romero lanzó que “esto supera el espíritu propio de la ley y solo se busca amarrar a activistas y operadores políticos de este Gobierno”.
En la misma línea, el diputado de Renovación Nacional Frank Sauerbaum refutó que una disposición así establece “una suerte de inamovilidad de los actuales partidarios” de la administración del presidente Gabriel Boric. Incluso, aseguró que se trata de una especie “de corralito” que dificultaría remover a personas que ocupan cargos de confianza.
Con todo este escenario, la discusión en el Congreso asoma cuesta arriba y podría tensionar aún más las negociaciones que se darán durante la primera semana de enero.
