Niños haitianos sin rastro en Chile: oficios alertaron fallas desde 2023 y no se consideraron
Documentos oficiales revelados recientemente muestran que, desde al menos 2023, distintas instituciones del Estado ya habían advertido vacíos relevantes en el sistema de protección y control migratorio de niños, niñas y adolescentes haitianos en Chile.
La Defensoría de la Niñez envió múltiples oficios a autoridades durante ese periodo, sin obtener respuestas consistentes ni avances concretos, consignó BioBioChile.
El caso expuesto por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío —que da cuenta de menores de edad haitianos ingresados al país sin trazabilidad clara de su paradero y de vuelos bajo revisión— aparece ahora como el resultado de advertencias sostenidas que no se tradujeron en medidas efectivas.
Según los antecedentes, la Defensoría de la Niñez detectó desde 2023 fallas estructurales: ausencia de protocolos claros, débil coordinación entre organismos y problemas en los procesos de reunificación familiar y registro de menores de edad migrantes.
Primeras alertas en 2023: coordinación sin resultados
El 31 de enero de 2023, mediante el Oficio N°133/2023, la Defensoría advirtió la “insuficiencia de la respuesta estatal” frente a niños en contexto de movilidad humana. En ese documento propuso crear una mesa técnica interinstitucional para diseñar un protocolo de regularización migratoria con enfoque de protección integral.
La Subsecretaría de la Niñez respondió inicialmente y respaldó la idea, pero el proceso no avanzó. En mayo de ese año, el Oficio N°497/2023 volvió a insistir en la falta de continuidad del trabajo, sin recibir respuesta efectiva.
Falta de protocolos y puntos ciegos del sistema ante ingreso de niños haitianos
El 30 de octubre de 2023, el Oficio N°007/2023 puso el foco en los protocolos de ingreso de menores de edad y en la coordinación ante expulsiones de adultos con niños a cargo.
La Defensoría pidió información detallada sobre los procedimientos de protección. En su respuesta de noviembre, las autoridades reconocieron la urgencia del problema, pero no entregaron soluciones operativas concretas.
2024: reiteración de oficios sin avances
Durante 2024, la Defensoría insistió en varios frentes sin resultados. En agosto, el Oficio N°1355/2024 alertó sobre la falta de coordinación institucional en un caso internacional. No hubo respuesta.
En septiembre, el Oficio N°1544/2024 solicitó información sobre el enrolamiento de menores extranjeros, clave para su identificación.
Ese mismo mes, el Oficio N°1547/2024 pidió antecedentes sobre registros biométricos para población migrante. Ninguno obtuvo respuesta formal conocida.
2025: reunificación familiar bajo cuestionamientos
El 6 de mayo de 2025, la Defensoría envió dos oficios clave. Uno de ellos, el N°539/2025, consultó a la Policía de Investigaciones por los protocolos de ingreso de menores de edad con visa de reunificación familiar.
La PDI respondió de forma categórica que “no existen protocolos específicos para estas situaciones, sino solo instructivos generales”.
Ese mismo día, el Oficio N°540/2025 pidió antecedentes al Servicio Nacional de Migraciones sobre el ingreso de menores de edad bajo reunificación familiar, sin obtener respuesta.
2025–2026: ajustes aún sin implementación
En octubre de 2025, la Defensoría volvió a oficiar por casos de menores de edad sin documentación o filiación clara, sin respuesta formal.
Recién en marzo de 2026, mediante el Oficio N°220/2026, se informó que los protocolos seguían en proceso de “integración, sistematización y ajuste técnico”, sin implementación efectiva.
El vínculo con el caso investigado
Los antecedentes coinciden con lo revelado por BBCL Investiga y con la investigación especial de la Contraloría General de la República, que detectó inconsistencias en vuelos y dificultades para ubicar a menores de edad tras su ingreso al país.
En ese contexto, organismos como la PDI, la DGAC, el Servicio Nacional de Migraciones y la propia Defensoría de la Niñez habrían identificado alertas internas, aunque sin que estas se tradujeran en advertencias públicas o cambios estructurales inmediatos.
Un sistema sin trazabilidad clara
Según los informes revisados, las fallas en registro, coordinación y seguimiento habrían aumentado el riesgo de vulneración de derechos de niños migrantes, además de dificultar su acceso a salud, educación y protección estatal.
La Fiscalía Nacional mantiene abierta una investigación para determinar el paradero de menores de edad ingresados al país, mientras se revisan casos donde incluso se detectaron inconsistencias graves, como niños que llegaron bajo reunificación familiar cuando sus padres ya habían fallecido o situaciones en que quedaron a cargo de terceros sin vínculo verificable.
