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La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la ley “Paga tu pasaje” para combatir la evasión en el transporte público con sanciones más severas y un sistema de fiscalización riguroso. La normativa incluye una tarifa recargada para quienes no paguen, evitando que pasen al Registro de Evasores con consecuencias como la suspensión de la licencia y retención de impuestos. La fiscalización estará a cargo de Carabineros, inspectores y personal de transporte, con multas gestionadas por la Subsecretaría de Transportes. Se otorga un descuento del 50% por pago dentro de los 20 días, y se amplían las restricciones a los evasores, como la prohibición de asistir a eventos deportivos y la extensión del periodo de sanción a cinco años.
La Cámara de Diputadas y Diputados despachó a promulgación la ley conocida como Paga tu pasaje, una iniciativa que busca reducir la evasión en el transporte público a través de mayores sanciones y un sistema de fiscalización más estricto.
El proyecto obtuvo un amplio respaldo, con 145 votos a favor y dos abstenciones, luego de incorporar las modificaciones realizadas por el Senado.
Uno de los puntos centrales de esta nueva normativa es la implementación de una tarifa recargada. En la práctica, esto implica que las personas que sean sorprendidas viajando sin pagar deberán cancelar un monto superior al valor habitual del pasaje para poder continuar su trayecto, detalló T13.
Con este mecanismo, las autoridades buscan evitar que los infractores pasen directamente al Registro de Evasores del Transporte Público, el cual contempla una serie de consecuencias adicionales.
Entre estas medidas, se incluyen restricciones como la suspensión de la entrega de la licencia de conducir, la retención de la devolución de impuestos y otras sanciones administrativas.
Además, la ley establece que quienes ingresen por las puertas traseras sin autorización serán considerados evasores, por lo que recibirán las multas correspondientes.
¿Cómo se fiscalizará la Ley paga tu pasaje?
En cuanto a la fiscalización, esta quedará en manos de Carabineros, inspectores fiscales y municipales, además del personal de entidades como Metro, EFE y otros operadores del transporte público.
A esto se suma la obligación de desarrollar planes anuales de control para reforzar la supervisión en distintos puntos del sistema.
Respecto a las multas, estas dejarán de tramitarse en los juzgados de policía local y pasarán a ser gestionadas por la División de Fiscalización de la Subsecretaría de Transportes.
La normativa también contempla incentivos para el pago oportuno: quienes cancelen dentro de los 20 días hábiles posteriores a la notificación podrán acceder a un 50% de descuento. En caso contrario, deberán pagar el monto máximo establecido.
Por otro lado, la ley amplía los efectos de formar parte del Registro de Evasores. A las sanciones ya existentes se suman nuevas restricciones, como la prohibición de asistir a espectáculos de fútbol profesional, la denegación de pasaportes y limitaciones para obtener permisos de residencia. Asimismo, el periodo de vigencia de estas medidas se extiende de tres a cinco años.
Finalmente, las modificaciones introducidas por el Senado también establecen que los infractores deberán ser notificados formalmente de la falta, y que la suspensión de beneficios tarifarios, como rebajas o gratuidades, podrá extenderse entre uno y dos años, dependiendo de la gravedad y reiteración de la infracción.