El Gobierno evalúa la creación de un nuevo estado de excepción enfocado específicamente en enfrentar el crimen organizado y el terrorismo, el que podría aplicarse en sectores determinados del país y contemplar medidas como restricciones al tránsito, toques de queda e incluso la interceptación de telecomunicaciones.
Así lo explicó el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, en conversación con T13 Central, donde abordó algunos de los principales alcances de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) que anunció el presidente José Antonio Kast tras la aprobación de la megarreforma.
Actualmente, la Constitución establece cuatro estados de excepción: Asamblea, Sitio, Emergencia y Catástrofe. Sin embargo, según sostuvo el secretario de Estado, ninguno está diseñado específicamente para responder a problemas de seguridad pública vinculados al crimen organizado.
“De los estados de excepción que hoy tenemos, no hay ninguno que se haga cargo de la seguridad pública. Quizás el estado de emergencia se hace cargo, a veces, de la alteración del orden público, que es diferente a la seguridad pública. Lo que estamos pensando es que hay ciertas zonas de nuestro país, unas más acotadas, quizás un barrio, quizás un polígono en zonas de operaciones más rurales o en el norte del país, que requieren herramientas especiales para hacerse cargo del combate del crimen organizado y el terrorismo”, afirmó.
¿Qué medidas contemplaría el nuevo estado de excepción?
Arrau explicó que esta eventual figura permitiría restringir algunas libertades dentro de las zonas donde sea decretada, con el objetivo de facilitar determinadas operaciones e investigaciones.
“Esas nuevas herramientas no van de lo que uno espera típicamente de los estados de excepción que existen hoy día, sino que van a contemplar restricciones de algunas libertades, como el tránsito para imponer algunos toques de queda o limitar la capacidad de reunión. También, quizás, la interceptación de telecomunicaciones, de manera que en ese polígono se puedan hacer diligencias e investigaciones de manera mucho más ágil, pensando en combatir el crimen organizado y el terrorismo”, afirmó.
¿Se desplegarán las Fuerzas Armadas?
La posibilidad de aplicar esta medida en barrios o polígonos específicos también abrió la interrogante respecto de una eventual participación de las Fuerzas Armadas en zonas afectadas por narcotráfico o crimen organizado.
Consultado sobre un posible despliegue militar en poblaciones, Arrau precisó que las policías continuarían teniendo el rol principal en materia de seguridad pública.
“Las Fuerzas Armadas sin duda tienen capacidades más específicas (…) y se podrá pedir la colaboración para esas operaciones en especial, para ciertas funciones específicas, pero sigue bajo la lógica de seguridad pública y son las policías quienes tienen la expertís de la seguridad pública en esta operación de volver a darle la tranquilidad a ese polígono, a esa zona que se podría declarar bajo una grave alteración de la seguridad pública”, sostuvo.
Reforma constitucional y cambios en materia migratoria
Otro de los ejes de la agenda corresponde a una reforma constitucional que busca establecer expresamente la seguridad pública como una prioridad del Estado.
“Desde el punto de vista jurídico, que en el primer artículo de la Constitución quede el mandato de la seguridad pública, es muy fundamental para las otras cosas que se pretenden hacer”, sostuvo Arrau.
En paralelo, el Gobierno pretende realizar modificaciones en materia migratoria, particularmente en los procesos de expulsión de personas en situación irregular y en los plazos de retención administrativa.
Ante las críticas sobre una eventual extensión de los tiempos para concretar dichas expulsiones, el ministro aseguró que la intención es precisamente facilitar el procedimiento.
“No, hay una confusión ahí. (…) Falta también incrementar la capacidad de expulsiones, que es una habilitación legal para agilizar las expulsiones. Hoy día tenemos un stock enorme de personas que están en situación irregular y que expulsarlas de manera efectiva es muy cuesta arriba con los procesos que tenemos”, sostuvo.
Asimismo, recalcó que este mecanismo no correspondería a una detención de carácter penal.
“La diferencia es que aquí no hay una condena judicial, sino que hay una retención administrativa por mientras se cumple la orden de expulsión, si hay revisión legal de un juez de esa medida de retención”, señaló.
Finalmente, Arrau afirmó que la estrategia del Ejecutivo no estará concentrada únicamente en la tramitación de nuevas leyes, sino también en la gestión y respaldo a las instituciones policiales.
“Hay un trabajo de gestión enorme que nos ha ido dando buenos frutos, buenas cifras en lo que vamos en estos meses, sin ningún exitismo. Nos queda un largo camino por delante, pero además el apoyo a nuestras policías, ese apoyo político, son señas que se dan. Entonces, no solamente son proyectos de ley, sino que también hay mucha gestión detrás”, concluyó.