Gobierno removió a equipo del Plan Nacional de Búsqueda… pero hizo aclaración en torno a DD.HH.
Una serie de desvinculaciones marcó este martes al gobierno de José Antonio Kast, luego de que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos pusiera fin a las funciones de varias de las principales jefaturas del Plan Nacional de Búsqueda.
La medida quedó oficializada mediante un documento firmado por el ministro Fernando Rabat.
En él se estableció el término anticipado de la designación a contrata de estos funcionarios, decisión que se hará efectiva desde este miércoles 1 de abril de 2026.
Entre las salidas más relevantes figura la de la jefa del Programa de Derechos Humanos, Paulina Zamorano, quien encabezaba una de las áreas clave de esta política pública.
Sin embargo, su desvinculación no ocurrió en solitario, ya que también dejaron sus cargos la coordinadora del área de Archivo e Investigación Documental, Tamara Lagos y la coordinadora del área de Búsqueda y Trayectorias, Magdalena Garcés.
También lo hizo el coordinador de administración judicial en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Marcelo Orellana.
Según el documento al que accedió BioBioChile, todos ellos cesan sus funciones de manera anticipada.
¿Qué es el Plan Nacional de Búsqueda?
El Plan Nacional de Búsqueda se remonta al 30 de agosto de 2023, cuando el entonces presidente Gabriel Boric firmó el decreto que permitió su implementación, en el contexto del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.
Desde entonces, esta iniciativa ha buscado esclarecer el paradero de personas desaparecidas durante la dictadura, posicionándose como uno de los ejes en materia de derechos humanos.
Desde el Ejecutivo abordaron la decisión a través de un comunicado, donde explicaron que la determinación respondió a una resolución del subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira.
“Hoy fueron desvinculados tres funcionarios de exclusiva confianza, quienes no presentaron sus renuncias el día 10 de marzo, como sí lo hicieron otros funcionarios en esa calidad”, señalaron.
Además, agregaron que “los cambios se realizaron tras haber socializado el tema con la Asociación Funcionarios de Derechos Humanos”.
Junto con ello, afirmaron que la Subsecretaría “seguirá adelante con su política de continuidad en materia de Derechos Humanos”, y enfatizaron que estos ajustes apuntan a “mejoras en la gestión y en el uso de recursos públicos”, basándose en criterios como capacidades personales, continuidad de funciones, liderazgo y confianza.
