VER RESUMEN
La designación de José Raúl Alvarado Díaz como seremi de Educación de Magallanes generó controversia al salir a la luz acusaciones en su contra, incluyendo procedimientos administrativos en curso y denuncias por maltrato laboral. La Asociación Sur Docentes Magallanes expresó su rechazo al nombramiento, citando un historial de hostigamiento y vulneraciones de derechos. Se señaló que las críticas provienen de su gestión en el Liceo Industrial de Punta Arenas, donde se cuestionaron prácticas autoritarias y persecución sistemática. Además, se destacó un antecedente judicial por conducir bajo la influencia del alcohol en 2019. Ante esta situación, se exige mayor transparencia en la selección de autoridades educativas y se destaca que ya suman 18 las autoridades que han dejado sus cargos en el inicio del actual gobierno a nivel nacional.
La reciente designación de José Raúl Alvarado Díaz como seremi de Educación de Magallanes abrió un nuevo flanco para el Gobierno.
A solo días de asumir el cargo, reflotaron diversas acusaciones en su contra, que incluyen al menos cuatro procedimientos administrativos en curso, una decena de denuncias por maltrato laboral y un episodio judicial por manejo bajo la influencia del alcohol.
El nombramiento se concretó el pasado 6 de abril, jornada en la que la Asociación Sur Docentes Magallanes (Asuma) reaccionó de inmediato.
A través de un comunicado, la organización manifestó su “profunda preocupación y rechazo al nombramiento”, apuntando directamente a la trayectoria del nuevo seremi y a denuncias previas que siguen en investigación.
En ese mismo documento, que consignó BioBioChile, los docentes sostuvieron que Alvarado mantiene un historial de “hostigamiento, maltrato laboral y eventuales vulneraciones de derechos fundamentales”.
Además, recordaron que existen presentaciones en el Servicio Local de Educación Pública (SLEP) de Magallanes, las que no han sido cerradas y continúan su curso.
Antes de llegar a la Seremi, Alvarado se desempeñó como director del Liceo Industrial de Punta Arenas, donde acumuló una extensa carrera de más de 50 años en el ámbito educativo.
Sin embargo, fue en ese establecimiento donde se habrían registrado varias de las situaciones cuestionadas.
Las acusaciones contra el nuevo seremi de Educación de Magallanes
Un correo enviado en septiembre de 2025 al entonces director subrogante del SLEP alertó sobre posibles infracciones al Estatuto Docente y vulneraciones de derechos fundamentales.
Según ese antecedente, el Sindicato de Profesores del SLEP solicitó abrir un sumario administrativo por las actuaciones del entonces director. Lo acusaban de ejercer “un liderazgo autoritario” y aplicar “medidas de exclusión” contra quienes no compartían su gestión.
“Estas prácticas vulneran los principios de igualdad y no discriminación. Generan una división interna del cuerpo docente, afectando directamente el clima laboral y la convivencia escolar”, señalaron.
Además, agregaron que “las conductas denunciadas no son aisladas, sino que corresponden a un patrón sistemático de persecución”.
Las críticas no se detuvieron ahí. En una declaración pública posterior, el mismo sindicato denunció acoso laboral reiterado, discriminación, vulneración del fuero maternal, uso inadecuado de recursos públicos e inacción en su rol pedagógico.
“Han generado un grave deterioro del clima laboral, afectando la salud mental de los trabajadores y trabajadoras, y comprometiendo la calidad de la educación”, afirmaron.
Alvarado fue detenido en 2019 por conducir bajo influencia de alcohol
A estos cuestionamientos se suma un antecedente judicial de 2019, cuando Alvarado fue detenido en Valdivia por conducir bajo la influencia del alcohol.
En ese momento, Carabineros y personal de Senda realizaron un control que arrojó 0,553 gramos de alcohol por litro de sangre en la prueba respiratoria y 0,67 g/L en la alcoholemia.
El Juzgado de Garantía lo sancionó con una multa y la suspensión de su licencia por tres meses. La causa quedó sobreseída definitivamente en septiembre de 2020.
Desde Asuma solicitaron “mayor transparencia en los criterios de designación de autoridades educativas y un pronunciamiento formal del Ministerio de Educación”.
En medio de este contexto, la cifra de autoridades que han dejado sus cargos en el inicio del actual gobierno ya alcanza las 18 a nivel nacional.