Luis Hermosilla bajo la lupa por tráfico de influencias en caso Luchsinger-Mackay: revelan mensajes
Una nueva arista judicial se abrió en torno al caso Luchsinger-Mackay, luego de que la abogada Karina Riquelme, en representación del comunero mapuche José Tralcal, presentara una querella criminal contra el abogado Luis Hermosilla.
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción, que atribuye al jurista los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho y obstrucción a la justicia, reveló BioBioChile.
La presentación busca esclarecer una serie de coordinaciones que, según expone el libelo, ocurrieron en agosto de 2018, cuando la Segunda Sala de la Corte Suprema analizaba el recurso de nulidad presentado por las defensas de los condenados por el caso.
Los antecedentes apuntan a supuestas gestiones informales destinadas a incidir en la decisión del máximo tribunal.
Los detalles de la querella contra Luis Hermosilla
La querella incorpora mensajes extraídos del teléfono de Hermosilla, los que, según la parte querellante, darían cuenta de los contactos que sostuvo con José Ramón Correa durante ese período.
En una de esas conversaciones, el abogado habría consultado directamente: “¿Tu más amigo de la sala penal quien es?”, ante lo cual Correa respondió mencionando al ministro Manuel Valderrama.
Tras conocer el nombre del magistrado, Hermosilla habría planteado con claridad el objetivo de las gestiones: “Necesitamos que se rechace la nulidad del caso Luchsinger”.
Además, habría calificado esa decisión como “clave para avanzar en el proceso de pacificación de la región (de La Araucanía)” y advertido que “un cuarto juicio sería fatal”.
Para la acción judicial, estas comunicaciones constituyen antecedentes relevantes para determinar si existió una intervención indebida en el proceso.
Los registros también describirían una serie de llamados telefónicos realizados durante esos días.
El 9 de agosto de 2018, Correa habría instado a Hermosilla a comunicarse con el ministro Valderrama.
El abogado posteriormente confirmó que realizó el contacto y calificó la conversación como “buena”, aunque precisó que se trató de una llamada “de emergencia para transmitir el mensaje”.
Luego, Correa le habría informado que el magistrado “estaba agradecido del llamado”. Además, le entregó antecedentes sobre la situación interna de la Segunda Sala, incluyendo las ausencias de otros ministros, como Hugo Dolmetsch.
La querella sostiene que estas comunicaciones y gestiones adquieren especial relevancia al considerar que, el 10 de octubre de 2018, la Corte Suprema rechazó el recurso de nulidad y mantuvo las condenas, aunque redujo las penas al descartar la calificación terrorista de los delitos.
El escrito también incorpora antecedentes sobre el contexto político e institucional que rodeó el caso. En ese momento, Hermosilla ejercía como abogado asesor contratado por el Gobierno, por encargo del entonces ministro Andrés Chadwick, con la finalidad de representar los intereses del Estado en la causa penal.
El rol de La Moneda
Según la querella, el profesional se encontraba formalmente incorporado a la Subsecretaría del Interior y habría desarrollado desde dependencias del Ejecutivo las acciones que ahora cuestiona la parte querellante.
Por ello, la defensa de Tralcal sostiene que el principio de ejecución de los delitos ocurrió en el Palacio de La Moneda, argumento con el que fundamenta la competencia del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago.
A esto se suma que el entonces presidente Sebastián Piñera había expresado públicamente su satisfacción por la sentencia condenatoria antes de que esta quedara firme.
Finalmente, la acción judicial plantea que los hechos requieren una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público. Esto, para determinar eventuales responsabilidades de Hermosilla y de otras personas que pudieran haber participado en las gestiones.
El caso Luchsinger-Mackay, además, continúa bajo examen de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por una serie de cuestionamientos relacionados con el debido proceso.
Desde la parte querellante recalcaron que la presentación representa un paso importante para esclarecer posibles irregularidades en la administración de justicia.
En esa línea, sostienen que la igualdad ante la ley y las garantías procesales no pueden quedar supeditadas a coordinaciones informales ni a intereses políticos.
Por ello, solicitaron al Ministerio Público realizar todas las diligencias necesarias para establecer qué ocurrió y determinar las responsabilidades que correspondan frente a los antecedentes expuestos.
