A primera hora de este miércoles, las autoridades activaron la segunda fase del desalojo de la toma Dignidad, ubicada en la comuna de La Florida. En el lugar, algunos vecinos levantaron barricadas en señal de protesta ante el avance del operativo.
Recordemos que las primeras diligencias se iniciaron en octubre pasado, cuando se desalojó alrededor de 200 viviendas y, en esta nueva etapa, se proyecta retirar la totalidad de las viviendas que aún permanecen en el terreno antes del viernes.
Según detalló el alcalde Daniel Reyes, aún resta despejar cerca de dos tercios del predio, ocupado por alrededor de 1.400 personas.
“Las personas no solo fueron notificadas cuando se inició, por allá por el mes de octubre, sino que después hubo un acto de notificación formal de un decreto que declara la inhabitabilidad de esa zona. Se desarrollaron más de 20 operativos de distintas naturalezas, justamente para poder ofrecer soluciones habitacionales, tanto de manera definitiva como transitoria”, afirmó el jefe comunal.
Asimismo, indicó que se habilitó un albergue transitorio con capacidad para al menos 50 personas, destinado a quienes sean desalojados durante esta jornada.
Vecinos protestan ante desalojo de toma Dignidad en La Florida
El terreno intervenido se encuentra en una zona declarada inhabitable por su ubicación en la ribera de la Quebrada de Macul, sector catalogado como de alto riesgo ante eventuales aluviones.
El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, sostuvo que “hoy se inicia la culminación definitiva de la toma Dignidad, una toma que en primer lugar representaba un grave riesgo para las propias familias que allí vivían”.
Con esto, se estima que el procedimiento se extenderá por al menos tres días, pese a que algunas familias aún se niegan a abandonar el asentamiento irregular que comenzó en 2019.
Sobre esto, la autoridad señaló que “algunas de las dirigentas promovieron una actitud de rechazo al restablecimiento del derecho, a recuperar este lugar. Son personas que ya obtuvieron subsidio de arriendo, razón por la cual no existe ninguna legitimidad para continuar con este esfuerzo de impedir la acción del Estado”.
Por su parte, el coronel Ignacio Toledo, de la Prefectura Santiago Cordillera, explicó que “se ha planificado un servicio para poder estar presente en estos tres días y asegurar que el desalojo se haga en completa normalidad, previniendo que se registren alteraciones del orden público al momento del ingreso a la zona donde se encuentra la toma”.
El oficial detalló que el despliegue contempla personal especializado de Control de Orden Público (COP), del GOPE, de la Dirección de Investigación Delictual y Drogas, además de efectivos territoriales de la Prefectura Cordillera y de distintas unidades de la zona Santiago Oeste.