Una presunta red de explotación laboral y sexual al interior de una comunidad asentada en Chiloé, región de Los Lagos, quedó nuevamente bajo la lupa, luego de que dos exintegrantes presentaran una ampliación de querella con graves acusaciones contra quienes lideraban la organización.
Según la acción judicial, la denominada comunidad Cahuala habría captado durante años a personas en situación de vulnerabilidad para someterlas a distintos tipos de abuso.
Según reportó BioBioChile, la querella fue presentada por María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia ante el Juzgado de Garantía de Castro, con el objetivo de ampliar la investigación iniciada en 2019 e incorporar los delitos de trata de personas y asociación destinada a cometer ese ilícito.
De acuerdo con el documento, al que tuvo acceso el citado medio, los denunciantes apuntan como imputados a Enrique Urrutia Aburto, conocido al interior de la comunidad como “El Líder”, y a María Alejandra Pinto Martínez.
En la acción judicial, ambos relatan que llegaron a la comunidad mientras atravesaban una crisis personal y de pareja.
Según su testimonio, inicialmente acudieron a un psicólogo, quien posteriormente los puso en contacto con Enrique Urrutia, iniciando un proceso terapéutico que terminó con su ingreso a Cahuala.
Los querellantes aseguran que permanecieron durante 15 años en la organización, viviendo en distintas sedes ubicadas en Vallenar, Santiago y Chiloé.
Durante ese período, afirman haber trabajado en empresas y proyectos ligados a la comunidad, como un colegio, una consultora, sociedades agrícolas y un centro terapéutico. Todo esto sin recibir una remuneración efectiva.
Asimismo, sostienen que fueron sometidos a un progresivo aislamiento de sus familias, manipulación psicológica y un control absoluto sobre aspectos cotidianos de sus vidas, como el lugar donde vivían, el trabajo que realizaban y sus relaciones personales.
Abogado asegura que también se investigan muertes de menores al interior de terrenos
La ampliación de querella también incluye el testimonio de María Jesús Carrascosa, quien acusa haber sido víctima de acoso y explotación sexual por parte de Enrique Urrutia durante años.
Según su relato, el líder de la comunidad controlaba la vida afectiva y sexual de los integrantes, aprovechándose de la dependencia psicológica que habría generado en ellos.
Los denunciantes aseguran que abandonaron la comunidad en 2015 para radicarse en España, pero sostienen que hasta hoy enfrentan secuelas psicológicas, además de haber perdido años de desarrollo profesional y patrimonio.
En conversación con Radio Bío Bío, el abogado de los querellantes, Ignacio Zúñiga, aseguró que la investigación también contempla otros antecedentes ocurridos al interior de la comunidad, como la muerte de menores de edad.
“Esto no es de ahora, sino que hay antecedentes vinculados a la muerte de menores de edad al interior de los terrenos de la comunidad, en circunstancias extrañas. Hay antecedentes que forman parte de la carpeta investigativa que dan cuenta del entierro de un menor en un cementerio clandestino”, afirmó.
Además, sostuvo que, según el relato de las presuntas víctimas, la comunidad operaba bajo una estructura jerárquica encabezada por Enrique Urrutia.
“Había un líder espiritual que definía todos los aspectos de la vida de las personas, desde la sexualidad hasta la relación con sus familias, parejas, reproducción y trabajo. Dentro de ese contexto, es el ABC de lo que es una secta”, aseguró.