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Comienza el proceso de cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), por la Tesorería General de la República. Se destaca un aumento en la deuda, alcanzando más de 4 billones de pesos para el año 2025, con más de 550 mil personas en mora. El cobro se iniciará según nivel de ingresos, comenzando con aquellos que ganen más de $5 millones mensuales, y se realizarán acciones judiciales directas sin acceso a convenios de pago a partir del lunes 6 de abril de 2026. La TGR insta a los deudores a regularizar su situación para resguardar los recursos fiscales y asegurar equidad en las obligaciones.
Este lunes comenzó el proceso de cobro a los deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), según informó la Tesorería General de la República (TGR).
“En estos casos, el Estado actúa como aval: cuando un beneficiario deja de pagar, el Fisco cumple con la obligación frente al banco y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos”, explicó la entidad.
Comienza cobro a deudores del CAE
El proceso tiene lugar en medio del aumento de los montos en los últimos años, alcanzando una cifra de más de 4 billones de deuda a 2025.
“Hoy, más de 550 mil personas mantienen deudas CAE en mora. En esos casos, el Estado actúa como aval: cuando un beneficiario deja de pagar, el Fisco cumple con la obligación frente al banco y posteriormente asume la cobranza para recuperar esos recursos públicos”, indicó la TGR.
En ese sentido, la acción de cobro comenzará según nivel de ingresos, con el propósito de que las personas puedan regularizar su situación mediante convenios de pago o bien, avanzar hacia acciones judiciales.
Para comenzar, la entidad les cobrará a aquellas personas que tengan ingresos mensuales superiores a $5 millones. Además, desde hoy (lunes 6 de abril de 2026) se inicia el proceso de cobro con acciones judiciales directas, sin acceso a convenios de pago.
Ante ello, el llamado desde la TGR a los deudores del CAE es “a ponerse al día, ya sea pagando su deuda o suscribiendo convenios, especialmente en los casos que cumplen los requisitos”.
Lo anterior, con el propósito de “facilitar la regularización, resguardar el buen uso de los recursos fiscales y asegurar mayor equidad en el cumplimiento de las obligaciones”.