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La Contraloría General de la República emitió un informe final sobre el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile a través de reunificaciones familiares, destacando que el Servicio Nacional de Migraciones aplicó excepciones a requisitos legales sin atribuciones para ello. Se encontraron irregularidades en documentos, como certificados vencidos y falta de legalizaciones, así como deficiencias en la coordinación entre entidades estatales ante la llegada de menores haitianos. La Contraloría determinó que las flexibilizaciones realizadas no contaban con respaldo legal y anunció un procedimiento disciplinario para determinar responsabilidades administrativas, exigiendo que futuros procedimientos excepcionales se formalicen correctamente.
El informe final de la Contraloría General de la República sobre el ingreso de ciudadanos haitianos a Chile mediante la modalidad de reunificación familiar confirmó las observaciones que ya habían generado controversia en el ámbito político e institucional.
El documento, de 147 páginas y fechado el 24 de junio de 2026, examinó la actuación del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) entre 2022 y 2025, concluyendo que el organismo aplicó excepciones a requisitos establecidos por la ley sin contar con atribuciones para ello.
La investigación revisó permisos otorgados a ciudadanos haitianos, los controles migratorios implementados por el Estado y la situación de niños y adolescentes que ingresaron al país durante el período auditado.
Uno de los puntos más críticos del informe apunta al mecanismo utilizado por Migraciones para flexibilizar exigencias documentales, informó BioBioChile.
Según la Contraloría, el servicio sustentó estas excepciones en un memorándum interno, pese a que la Ley N° 21.325 establece que los procedimientos, documentos, plazos y requisitos migratorios deben regularse mediante la propia legislación o sus reglamentos.
“Vulneración al orden jurídico”
En ese contexto, el organismo fiscalizador fue categórico al señalar que “los requisitos y documentación idónea para el ingreso y egreso del país están establecidos en la citada ley y en sus respectivos reglamentos, no pueden ser modificados o exceptuados mediante un simple memorándum”.
Además, agregó que esta actuación implica “arrogarse atribuciones propias de los poderes colegisladores, o de la potestad reglamentaria en su caso”.
La Contraloría sostuvo que cualquier modificación a los procedimientos o requisitos debía realizarse a través de una ley o mediante un decreto supremo sometido a toma de razón y publicado oficialmente, situación que no ocurrió.
Por ello, concluyó que “se configuró una evidente vulneración a nuestro ordenamiento jurídico”.
El informe también detectó irregularidades en los expedientes revisados, incluyendo certificados de antecedentes penales vencidos, certificados de nacimiento sin legalización, pasaportes que no cumplían con las exigencias reglamentarias y ausencia de documentación para acreditar vínculos familiares.
Aunque Migraciones justificó estas flexibilizaciones debido a la compleja situación política y de seguridad en Haití, la Contraloría rechazó ese argumento.
En ese sentido, el organismo afirmó que el servicio actuó “sin contar con atribuciones para exceptuar los procedimientos, requisitos y condiciones fijados en la ley N° 21.325 y en sus reglamentos”.
A raíz de estas observaciones, el organismo fiscalizador anunció la instrucción de un procedimiento disciplinario destinado a determinar la responsabilidad administrativa.
Asimismo, ordenó que cualquier eventual procedimiento excepcional futuro cuente con respaldo legal y se formalice mediante actos administrativos válidos.
Contraloría apuntó a “descoordinación” entre instituciones
La investigación también abordó la coordinación entre instituciones estatales, concluyendo que el Servicio Nacional de Migraciones, la Policía de Investigaciones y la Subsecretaría de la Niñez “no han actuado coordinadamente” frente al ingreso de menores haitianos.
Según el informe, las entidades carecían de protocolos adecuados para compartir información, realizar seguimiento de los niños y adolescentes o enfrentar situaciones críticas vinculadas a estos procesos migratorios.
Entre los hallazgos más relevantes también figura la detección de adultos que aparecían asociados reiteradamente al ingreso de numerosos menores al país.
De acuerdo con el documento, durante 2024 y 2025 hubo 12 personas extranjeras que registraron ingresos frecuentes como responsables de varios niños.
El caso más llamativo corresponde a una persona identificada como responsable de 34 menores en un vuelo realizado el 5 de abril de 2025.
Además, la Contraloría revisó el vuelo no regular WAL-801, proveniente de Haití y arribado a Chile el 15 de octubre de 2025.
Aunque la PDI acreditó controles sobre los adultos acompañantes, la investigación estableció que la aeronave ingresó al país sin presentar el listado de pasajeros exigido por la normativa migratoria vigente.