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El Ministerio del Interior incorporó a Cristóbal Soto, estudiante de primer año de Periodismo de 19 años, como parte de su equipo de redes sociales. Soto, proveniente de la Universidad de Los Andes, recibe una remuneración mensual de $1,9 millones y ya ha tenido experiencia previa en el ámbito digital. Este caso se une a otros jóvenes profesionales que se han sumado a distintas reparticiones del gobierno de José Antonio Kast, como Camila Pérez y Trinidad Zegers.

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El Ministerio del Interior sumó a sus filas a un estudiante de primer año de Periodismo, quien con solo 19 años comenzó a prestar servicios para apoyar la difusión de contenidos en redes sociales.

Se trata de Cristóbal Soto, alumno de la Universidad de Los Andes, quien trabaja a honorarios bajo el cargo de “Redes Sociales y Apoyo Comunicacional”, según informó Contrapoder.

Para acreditar su contratación, el joven presentó su licencia de Enseñanza Media y actualmente recibe una remuneración mensual de $1,9 millones.

Sin embargo, durante sus primeros meses en el cargo, entre marzo y abril, obtuvo un pago total de $3.230.000, de acuerdo con los datos públicos citados en los antecedentes.

Soto cuenta con experiencia previa en el ámbito digital, pese a su corta edad.

Según detalló El Mostrador, trabajó como community manager en el área de mujeres de la UDI y también participó en la estrategia digital del alcalde de Lo Barnechea, Felipe Alessandri.

Con esos antecedentes, el estudiante llegó al Ejecutivo para desempeñarse en labores vinculadas a las comunicaciones y redes sociales.

Esta incorporación que se suma a otros casos de jóvenes profesionales que han ingresado recientemente a distintas reparticiones del gobierno de José Antonio Kast.

Entre esos nombres aparece Camila Pérez, militante de RN de 26 años, quien ingresó al Servicio Nacional de Migraciones en abril, apenas un mes después de jurar como abogada ante la Corte Suprema.

También figura la abogada Trinidad Zegers, de 27 años, quien llegó al Ministerio de Justicia durante el mismo mes en que juró ante la Corte y con una remuneración de $2 millones.