El Gobierno confirmó este lunes que otorgará discusión inmediata al proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso clandestino a Chile, iniciativa que actualmente se tramita en el Senado.
La propuesta fue presentada en 2022 por parlamentarios de Chile Vamos y hoy se encuentra en segundo trámite constitucional, específicamente en la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Alta, consignó BioBioChile.
De acuerdo con el texto, quienes ingresen al territorio nacional por pasos no habilitados o eludiendo controles migratorios podrían enfrentar sanciones penales.
En concreto, se contempla presidio menor en su grado mínimo, es decir, entre 61 y 540 días de cárcel, o bien el pago de multas que van desde cinco a diez UTM, lo que podría superar los 650 mil pesos. Tras cumplir la pena correspondiente, el extranjero sería expulsado del país.
Apoyo desde el oficialismo y críticas al retraso del proyecto
Desde el Congreso, algunos parlamentarios manifestaron su respaldo a la iniciativa y cuestionaron el avance que ha tenido en el último tiempo.
En ese contexto, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, criticó que el proyecto haya permanecido estancado, señalando que estuvo “descansando” debido a que “no fue del interés” del gobierno anterior.
Por su parte, uno de los autores de la propuesta, el senador de Renovación Nacional Andrés Longton, explicó que el objetivo de la iniciativa es equiparar el ingreso clandestino con otros delitos existentes en la legislación chilena, de modo que exista una sanción penal clara para este tipo de situaciones.
Cuestionamientos por posibles efectos del proyecto
Sin embargo, la propuesta ha generado debate en el mundo político. Durante la administración del expresidente Gabriel Boric, el Ejecutivo expresó reparos frente a la idea de convertir el ingreso irregular en delito.
Entre las críticas se mencionaron posibles problemas de sobrepoblación en el sistema penitenciario, mayor burocracia en los procedimientos y eventuales dificultades diplomáticas para concretar las reconducciones o expulsiones.
Incluso, algunas voces dentro de la propia derecha advirtieron en su momento que la iniciativa podría “terminar matando la expulsión administrativa” y “burocratizar y hacer más difícil el procedimiento de expulsión“.
A esto se sumó la advertencia de la jefa de bancada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien apuntó a la sobrecarga que podría generar para el Poder Judicial si se judicializan estos casos.
Actualmente, el proyecto quedó sujeto al compromiso de presentar indicaciones tanto del gobierno saliente como de los parlamentarios de la Comisión de Gobierno del Senado, con el fin de ajustar su contenido.
Cabe señalar que la iniciativa contempla excepciones: no se aplicará a personas refugiadas que provengan directamente de territorios donde su vida o libertad estén amenazadas, ni tampoco a niños, niñas o adolescentes.