Gobierno de Kast sigue retirando decretos: ahora impide que entre en vigencia nueva Ley de Adopción
La nueva Ley de Adopción no puede entrar en vigencia debido a que el gobierno de José Antonio Kast retiró de Contraloría los decretos que la hacen funcionar.
Según denunció este lunes la Fundación Iguales, sin esos reglamentos publicados, la ley queda suspendida.
El documento oficial indica que el retiro de este reglamento es para “proceder a su actualización”.
“La nueva Ley de Adopción simplificaba los procesos de adopción para darle celeridad. Además que se enfocaba en el bienestar de niños, niñas y adolescentes, dejando de discriminar a los distintos tipos de familia”, indicaron desde Iguales.
En esa línea, añadieron que “el costo de la demora lo pagan los más vulnerables: niñas, niños y adolescentes que siguen institucionalizados”.
“Exigimos su revisión rápida y celeridad en el proceso para que la ley entre en vigencia“, cerraron en su comunicado.
¿Qué dijo el gobierno de Kast respecto al retiro de este decreto?
María Jesús Wulf, ministra de Desarrollo Social y Familia, fue consultada al respecto por BioBioChile, rechazando que esta medida sea un retroceso respecto a lo que se avanzó durante el gobierno anterior.
“En nada estamos retrocediendo, por el contrario, estamos trabajando seriamente para que el país avance”, aseguró.
Nueva Ley de Adopción
Recordemos que fue a mediados de 2025 que el presidente Gabriel Boric promulgó la Nueva Ley de Adopción, una normativa que estuvo más de una década en tramitación.
En términos generales, esta ley moderniza los procesos de adopción en Chile, elevando los estándares y aplicando cambios clave que podrían duplicar el número anual de adopciones.
La normativa pone en el centro el interés superior de niños, niñas y adolescentes, sus necesidades y su derecho a vivir y desarrollarse en un entorno familiar.
En segundo término, se prioriza la revinculación familiar mediante plazos acotados, estableciendo un proceso integral y continuo que evita prolongar la espera. Así, se fija un rango de 12 a 18 meses para que el juez o jueza determine si el menor debe ser revinculado con su familia de origen o vinculado con una familia adoptiva.
Además, la ley elimina la rígida prelación para adoptar, equiparando las posibilidades entre matrimonios, personas solteras y parejas con Acuerdo de Unión Civil, siempre priorizando el bienestar del niño o niña.
Por último, se permite que el niño o niña adoptado mantenga contacto con su familia de origen.
