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Gary Medel, defensa de Universidad Católica, fue condenado por confrontar a un fiscalizador de salud en un concierto de Karol G. El incidente ocurrió cuando se le pidió su pase de movilidad que acreditara su vacunación contra COVID-19, a lo que Medel respondió no tener la documentación por haberse vacunado en Europa. Tras una demanda de indemnización por parte del fiscalizador, Medel emitió disculpas públicas, pero la sentencia confirmó su responsabilidad, ordenándole pagar $15.415.280.

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El defensa central de Universidad Católica, Gary Medel, fue condenado tras el video viral en el que intentó exponer a un fiscalizador de salud durante el concierto de Karol G, realizado en 2022.

El aludido en esa ocasión fue Ángelo Berti, quien le exigió al futbolista presentar su pase de movilidad habilitado para acreditar que contaba con su esquema de vacunación contra COVID-19 al día.

Gary Medel condenado a millonaria multa tras viral video

Sin embargo, Medel explicó que se había vacunado en Europa y que no contaba con la documentación correspondiente, por lo que no pudo ingresar al evento.

“Me está grabando esta chancha, y dicen que los estaba amenazando”, señaló el exseleccionado nacional en un registro que publicó en sus redes sociales.

En esa línea, agregó que “tres dosis y no me dejan pasar porque vengo de Europa. Para que lo funen, cabros”.

Tras lo ocurrido, Berti denunció ya que padeció un “cuadro ansioso-depresivo” a raíz del altercado, por lo que presentó una demanda de indemnización que finalmente se resolvió.

De esta forma, el jugador emitió un comunicado en el que ofreció disculpas: “Me equivoqué. Da lo mismo el motivo y la razón. Se me soltó la cadena. Pido disculpas a los afectados, porque fue un momento de calentura, pero nada justifica lo que pasó”.

El 28° Juzgado Civil de Santiago condenó a Medel al pago de una indemnización, decisión que posteriormente se confirmó tras una apelación, fijando el monto en $15.415.280.

El fallo establece que “Ángelo Berti sufrió agresión verbal e injustamente por el demandado mientras realizaba su labor de fiscalizador, además de haber expuesto esta agresión en redes sociales”.

“Luego, la pretensión indemnizatoria deriva del padecimiento emocional que tuvo que sobrellevar, lo que se encuentra acreditado con la documentación incorporada al proceso, que da cuenta de atenciones de salud mental asociadas al evento traumático”, concluye el informe.