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Un exfuncionario de la Municipalidad de Vitacura, despedido tras el escándalo de un video viral que mostraba a dos trabajadores teniendo sexo en las instalaciones municipales, presentó una demanda por discriminación y daño moral, solicitando una indemnización de $200 millones. El ingeniero informático, destituido en 2025, alega que su despido fue ilegal y afectó su salud mental, generando miedo, estrés y trastornos de ansiedad. Además de la compensación económica, la demanda busca que la alcaldesa Camila Merino realice una capacitación sobre derechos laborales y se publique un aviso en un medio comunal de Vitacura. La Municipalidad está en proceso de tramitación de la demanda.
Un nuevo flanco judicial se abrió a raíz del escándalo que remeció a la Municipalidad de Vitacura durante 2024.
Recordemos que 2 trabajadores fueron grabados teniendo sexo en las instalaciones del organismo comunal, quienes terminaron siendo despedidos.
¿Qué dice la demanda de exfuncionario despedido por tener sexo en la municipalidad de Vitacura?
En ese contexto, uno de los exfuncionarios destituidos tras la difusión de dicho video presentó una demanda por discriminación y daño moral, exigiendo una indemnización de $200 millones.
Según consignó BioBioChile, la acción legal quedó ingresada el pasado 18 de diciembre ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago por un ingeniero informático que resultó desvinculado en noviembre de 2025, luego de un sumario administrativo iniciado tras la viralización de un registro difundido en TikTok.
El clip, grabado desde el exterior del edificio consistorial, ubicado junto al Parque Bicentenario, muestra a dos personas manteniendo relaciones sexuales al interior del recinto municipal, sin que se lograra identificar claramente sus rostros.
A la fecha, el registro acumula cerca de 28 millones de visualizaciones.
Tras la masificación de las imágenes, el municipio abrió una investigación interna con el objetivo de identificar a los involucrados.
El proceso concluyó con la destitución de ambos funcionarios, quienes la noche del 25 de junio realizaban un turno extraordinario.
De acuerdo a los antecedentes del sumario, el episodio ocurrió en dependencias que no correspondían a sus labores habituales, específicamente en la Oficina de Atención al Vecino del Centro Cívico.
La postura del demandante
De acuerdo con lo consignado por La Tercera, el demandante optó por acudir a la justicia laboral, a diferencia de la segunda persona involucrada, quien decidió no iniciar acciones legales.
En el escrito judicial, el exfuncionario detalló su trayectoria dentro del municipio, al que ingresó en 2016.
Además, expuso que participó en proyectos relevantes, se desempeñó como “encargado”, lideró capacitaciones para cerca de 200 funcionarios y asumió suplencias de jefaturas.
Junto a lo anterior, aseguró que durante sus nueve años de servicio mantuvo evaluaciones con nota máxima de 7.
En tanto, el demandante expresó que el sumario administrativo “se desarrolló de modo absolutamente ilegal”.
Asimismo, acusó la existencia de “numerosas arbitrariedades” por parte de la fiscal a cargo de la investigación interna y de la alcaldesa Camila Merino.
En ese contexto, indicó que su desvinculación resultó anunciada públicamente antes de que concluyera el sumario.
Sumado a esto, mencionó que esta medida leefectó “subjetiva y objetivamente, las defensas que pudiera oponer en el procedimiento disciplinario, deteriorando mi posición dentro del mismo y, de paso, afectando mi salud psíquica, dañando efectivamente mi honra”.
“Se vulneró injustamente la integridad psíquica”
En la acción judicial, el exfuncionario sostiene que su desvinculación le provocó un profundo impacto en su salud mental.
En ese sentido, acusa haber sufrido “daño psicológico y emocional” a raíz de “constantes tratos vejatorios” y reiteradas “vulneraciones laborales”, las que, según puntualizó, afectaron gravemente su autoestima y su estabilidad emocional, derivando en episodios de “miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados”.
Bajo esa línea, el demandante afirmó que el perjuicio sufrido excede el ámbito laboral y constituye un daño que no estaba obligado a tolerar.
“En definitiva, es una lesión extra patrimonial que no merecía ni debía soportar”, manifestó en el escrito ingresado al tribunal.
Respecto a las medidas reparatorias solicitadas, la demanda contempla una indemnización de $200 millones por concepto de daño moral.
Asimismo, el exfuncionario pide que se publique, en un medio de circulación comunal de Vitacura, un aviso en el que se deje constancia de que “se vulneró injustamente la integridad psíquica” del trabajador afectado.
Además de la compensación económica, la acción judicial solicita que la alcaldesa Camila Merino sea obligada a realizar una capacitación en materias vinculadas a la vulneración de derechos laborales, instancia que, según el requerimiento, debería difundirse mediante un diario mural al interior del municipio.
Cabe señalar que, en la actualidad, el proceso se mantiene en etapa de tramitación y la Municipalidad de Vitacura ya resultó notificada formalmente de la demanda interpuesta en su contra.