Formalizan por lesiones graves a ginecólogo, esposo de Nacho Gutiérrez, tras cirugía a profesora
Una investigación penal se encuentra en curso luego de que una profesora de la región de Los Lagos presentara una querella por presunta negligencia médica contra el ginecólogo Héctor Rodrigo Macaya Pivet, esposo de Nacho Gutiérrez.
El caso volvió a tomar notoriedad luego de que el senador Fidel Espinoza expusiera los antecedentes durante la Hora de Incidentes del Senado, instancia en la que abordó las consecuencias que, según denunció, la paciente habría enfrentado después de una intervención quirúrgica.
De acuerdo con lo consignado por BioBioChile, la acción judicial representa a Priscila Pino, docente de Puerto Montt, quien acusa al especialista de haberle provocado una lesión en el nervio pudendo durante una operación realizada el 17 de agosto de 2021 en Clínica Las Condes.
¿Qué se sabe sobre la querella que enfrentó el esposo de Nacho Gutiérrez?
La mujer había acudido inicialmente al médico para recibir orientación relacionada con el climaterio, considerando sus antecedentes de cáncer de mama.
Durante esa atención, el profesional habría retirado un dispositivo intrauterino (DIU), procedimiento que dejó algunos fragmentos del dispositivo en la cavidad uterina. Posteriormente, de acuerdo con la denuncia, Macaya le habría planteado extraerlos mediante una histeroscopia.
La querella sostiene que el especialista también propuso aprovechar aquella intervención para tratar un quiste de Bartolino que, según la paciente, llevaba más de diez años sin generarle molestias.
La cirugía finalmente se realizó en agosto de 2021. No obstante, según la acción judicial, Pino comenzó posteriormente a experimentar intensos dolores en la zona pélvica y genital.
Las molestias se habrían prolongado durante los meses siguientes, afectando actividades cotidianas como caminar y sentarse.
Sumado a esto, el escrito también cuestiona el manejo que recibió la paciente después de la operación, pues la profesora comunicó en reiteradas ocasiones al médico los síntomas que presentaba, pero no habría obtenido una solución efectiva.
Entre las indicaciones que habría recibido estuvo el uso de lidocaína en gel.
En ese contexto, la demanda atribuye al ginecólogo una presunta negligencia médica culpable con resultado de lesiones graves y gravísimas, y solicita distintas diligencias para esclarecer los hechos, entre ellas la declaración de la afectada, una investigación de Carabineros y un informe de lesiones del Servicio Médico Legal.
Los antecedentes también llegaron a tribunales, ya que, de acuerdo con el acta de audiencia del 4° Juzgado de Garantía de Santiago, Macaya fue formalizado el 15 de junio de 2026 por un cuasidelito de lesiones graves.
Sin embargo, en aquella audiencia no se decretaron medidas cautelares y el tribunal estableció un plazo de 120 días para desarrollar la investigación.
La reacción de la defensa
Cabe precisar que una formalización corresponde a la comunicación que realiza el Ministerio Público respecto de los hechos que atribuye al imputado dentro de una investigación penal. Esta instancia no constituye una condena ni determina por sí sola su responsabilidad.
En tanto, el abogado defensor Roberto García Olave aseguró que cuenta con antecedentes periciales para respaldar la inocencia de su representado.
Además, optó por no profundizar públicamente en el caso mientras el proceso continúe en desarrollo.
Durante su intervención en el Senado, el parlamentario Fidel Espinoza sostuvo que la afectada cuenta con más de 20 años de trayectoria en la educación pública y que las consecuencias que atribuye a la intervención habrían modificado radicalmente su vida.
Junto a lo anterior, el parlamentario reveló que la profesora habría quedado con una discapacidad que le impidió continuar ejerciendo su profesión y que la llevó a acogerse a una pensión de invalidez.
Junto a lo anterior, cuestionó las circunstancias en que se habría realizado el procedimiento. En particular, afirmó que no habría existido el consentimiento informado exigido por ley ni una advertencia sobre eventuales riesgos neurológicos.
Asimismo, apuntó al tratamiento posterior de las complicaciones y aseguró que la docente habría enfrentado durante meses fuertes dolores, dificultades para caminar y sentarse, además de consecuencias en su salud mental y en su vida familiar.
La investigación deberá establecer ahora las circunstancias en que se desarrolló la intervención, el origen de las lesiones denunciadas y las eventuales responsabilidades penales que correspondan.
