VER RESUMEN
En la audiencia donde la Fiscalía pidió prisión preventiva para Joaquín Lavín León, un audio se destacó como prueba clave en las acusaciones de corrupción. Según el Ministerio Público, el audio revela que trabajadores pagados con asignaciones parlamentarias fueron utilizados para actividades relacionadas con fines electorales y económicos. En el audio presentado por la fiscal Constanza Encina, Lavín León celebra haber superado los 40 mil contactos, lo que para la Fiscalía señala un desvío de fondos del Congreso para actividades no autorizadas.
Durante la audiencia en que la Fiscalía solicitó que el exdiputado Joaquín Lavín León quedara en prisión preventiva, un audio pasó a ocupar un rol protagónico.
Lo anterior, debido a que es considerado una evidencia clave en las acusaciones por supuestos actos de corrupción.
De acuerdo con lo planteado por el Ministerio Público, el audio daría cuenta de que trabajadores pagados con recursos de asignaciones parlamentarias, habrían sido destinados a tareas distintas a las propias de su cargo, relacionadas con fines electorales e incluso de carácter económico.
Ante el tribunal, fue la fiscal Constanza Encina quien dio a conocer un audio atribuido a Lavín León, en el que se dirige a su equipo y destaca el logro de haber superado los 40 mil contactos.
A continuación, el audio presentado por la Fiscalía, según consignó 24 Horas:
“Hola a todos, ¿cómo están? Primero quisiera felicitarlos a todos porque hoy día superamos los 40 mil contactos en nuestra base de datos (…) Créanme que es muy importante lo que estamos haciendo para lo que viene durante este año”.
Joaquín Lavín León e importancia del audio expuesto por Fiscalía
Según la Fiscalía, el registro de audio daría cuenta de que colaboradores financiados con dineros del Congreso habrían sido destinados a funciones fuera de lo autorizado por la normativa vigente.
Entre esas tareas, se menciona la recopilación y carga de antecedentes personales —como nombres, domicilios y números de contacto—. Esto, con el fin de construir una base de datos para su posterior uso en campañas, a través de llamadas o mensajería.
Para el Ministerio Público, este tipo de labores no forma parte de las funciones parlamentarias. Sino que responde a intereses políticos o particulares, lo que podría constituir un uso irregular de recursos fiscales.