Facturas falsas y una red en Maipú: lo que se reveló en la formalización de Joaquín Lavín León
La mañana de este lunes se realizó la audiencia de formalización en contra del exdiputado Joaquín Lavín León y otros tres integrantes de su círculo cercano, en el marco de una investigación por presuntos delitos de corrupción. Una instancia que se extendería por al menos dos jornadas.
En concreto, el Ministerio Público también imputó a su exasesor Arnaldo Domínguez, además de los empresarios Felipe Vázquez y Juan Silva Morales.
La audiencia, que se desarrolla en el Séptimo Juzgado de Garantía y es encabezada por el juez Daniel Urrutia, comenzó con algunos minutos de retraso. ¿La razón? La ausencia de Felipe Vázquez, quien no se presentó debido a que se encuentra en España.
Ante este escenario, la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, solicitó una orden de extradición en su contra, apuntándolo como uno de los actores clave en la presunta trama de corrupción.
Los cargos contra Joaquín Lavín León
Durante la primera jornada de audiencias, la Fiscalía les atribuyó delitos de fraude al Fisco, tráfico de influencias, falsificación de instrumento privado mercantil y eventual uso indebido de datos del Servel con fines comerciales.
Así, los hechos que se le imputan al exdiputado son diversos, donde incluso se apuntó a un presunto uso de influencias por parte del exparlamentario, acusándolo de promover “desvinculaciones masivas” de funcionarios y de instalar una red de personas afines para fines personales y políticos dentro de la Municipalidad de Maipú.
De acuerdo a la investigación, Lavín León habría presentado al Congreso pagos correspondientes a deudas de campaña como si fueran gastos propios de su labor legislativa, consignó La Tercera.
Para ello, su exasesor Arnaldo Domínguez habría instruido al dueño de la imprenta MMG, Juan Silva Morales, emitir facturas ideológicamente falsas por supuestos servicios, las que luego eran rendidas como gastos.
Un segundo hecho apunta al financiamiento de la plataforma SocialTazk, desarrollada por la empresa Modo 74 —propiedad de Felipe Vázquez—, la cual habría sido costeada con recursos rendidos como gasto parlamentario.
Según la Fiscalía, esta herramienta buscaba recopilar datos de electores para el envío de mensajes y llamados con fines de campaña, servicio que además habría sido ofrecido a otros candidatos del mismo sector político.
Por este punto, también se investiga un eventual uso indebido del padrón electoral.
A ello se suma un tercer episodio, relacionado con la contratación de presuntos “funcionarios fantasmas”, quienes habrían recibido remuneraciones sin cumplir funciones efectivas.
Finalmente, el Ministerio Público también indaga un eventual delito de tráfico de influencias, que habría ocurrido mientras Cathy Barriga se desempeñaba como alcaldesa de Maipú, periodo en el cual el exdiputado habría intervenido en contrataciones y desvinculaciones dentro del municipio.
Hay que mencionar que durante esta primera jornada, el juez no resolvió medidas cautelares para ninguno de los involucrados mientras dure la investigación. Por lo mismo, se espera que mañana se resuelva este punto.
