El 1° Juzgado de Letras de Iquique condenó al Fisco de Chile a pagar una indemnización de $10.000.000 a María Nardy Ribera Méndez, una ciudadana extranjera que fue privada de libertad durante más de seis meses, a pesar de que un informe pericial descartó que la sustancia que transportaba fuera droga.
El fallo, emitido el 12 de marzo de 2026, acogió la demanda de indemnización interpuesta por la demandante, reconociendo el daño moral sufrido tras su detención, formalización y privación de libertad. Sin embargo, el tribunal rechazó las solicitudes de compensación por daño emergente y lucro cesante.
Un error judicial marcado por un falso positivo
Los hechos que llevaron a la condena se remontan al 5 de marzo de 2016, cuando detuvieron a la mujer en un control aduanero tras el resultado de un test de campo que indicó la presencia de cocaína en su equipaje.
A raíz de este resultado, la formalizaron por tráfico de drogas y quedó en prisión preventiva. Sin embargo, el 5 de mayo de ese mismo año, un informe del Instituto de Salud Pública descartó que la sustancia incautada fuera estupefaciente, revelando que se trataba de queratina para alisar el cabello.
Pese a ello, Nardy Ribera permaneció en prisión hasta el 13 de septiembre de 2016.
En diciembre de ese mismo año, el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación, y en noviembre de 2022 se produjo el sobreseimiento definitivo del caso.
El alcance de la responsabilidad estatal
El tribunal rechazó la excepción de prescripción planteada por el Consejo de Defensa del Estado, lo que permitió analizar el fondo del caso. Así, concluyó que la privación de libertad, derivada de un error en la persecución penal, constituyó un daño moral indemnizable.
Para fijar el monto de la indemnización, se consideraron la naturaleza del daño y las consecuencias personales derivadas de la privación de libertad, determinando que la cifra de $10.000.000 era prudente.
Sin embargo, la sentencia no acogió la solicitud de otras indemnizaciones por perjuicios económicos, ya que no se acreditó su relación directa con los hechos denunciados.
Un precedente en la responsabilidad del Estado
Este caso establece un importante precedente en la responsabilidad estatal por actos del Ministerio Público. El fallo subraya que la afectación derivada de un error en la persecución penal puede generar responsabilidad estatal, específicamente en lo que respecta al daño moral.
La situación de María Nardy Ribera Méndez fue ampliamente conocida en el país, especialmente al ser parte del Proyecto Inocentes de la Defensoría Penal Pública, que visibiliza los casos de personas privadas de libertad y posteriormente absueltas o sobreseídas.
Su situación reabrió el debate sobre el uso de la prisión preventiva, los estándares de diligencia en la investigación penal y las reparaciones para aquellos afectados por errores en el sistema de justicia.