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Miles de personas mayores se ven afectadas por la suspensión de la Pensión Garantizada Universal por parte del IPS, debido a supuestas ausencias prolongadas del país. Familias denuncian que la información es incorrecta, ya que muchos beneficiarios nunca han salido de Chile. La decisión ha generado impacto económico y emocional, provocando críticas por la carga impuesta a los afectados para resolver la situación. A pesar de que el IPS reconoce haber recibido reclamos en revisión, la incertidumbre crece entre los beneficiarios que dependen de este ingreso. En caso de no corregirse, el monto no pagado ascendería a aproximadamente $3.380 millones.
Una compleja situación enfrentan miles de personas mayores en el país, luego de que el Instituto de Previsión Social (IPS) suspendiera el pago de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a cerca de 13 mil beneficiarios.
Según las notificaciones enviadas mediante carta, el organismo determinó el término del beneficio al considerar que los afectados habrían permanecido fuera de Chile por más de 180 días durante el año calendario anterior.
Esta es una condición que la normativa vigente establece como causal para extinguir la PGU.
Sin embargo, varias familias aseguran que la información es errónea y que muchos de los adultos mayores nunca han salido del país.
Esto encendió la alarma por el impacto económico y emocional que esta decisión ha provocado.
Una de las hijas de las denunciantes cuestionó duramente la situación y aseguró que los antecedentes utilizados no reflejan la realidad.
“Dice que le extinguieron la PGU porque había viajado 180 días fuera del país. Mi mamá no tiene pasaporte, nunca ha viajado fuera del país. Es grave, porque le están quitando la pensión a gente”, afirmó.
El reclamo de adulta mayor a la cual le quitaron la PGU: “Nos tratan como delincuentes”
Otra de las afectadas expresó su molestia por la forma en que se ha gestionado el problema y por la carga que se les impone para revertirlo.
“Muchas personas están pasando malos momentos por un descuido y por un desorden que tiene esta gente. Nos tratan como delincuentes y, a la vez, nos llevan a que nosotros solucionemos los problemas”, sostuvo.
La carta indica que, para regularizar la situación, los beneficiarios deben solicitar un Certificado de Viaje ante la PDI, pese a que es la misma institución la que informa al IPS sobre los eventuales movimientos migratorios, lo que genera aún más confusión entre los afectados.
Desde el IPS, en conversación con 24 Horas, explicaron que por mandato legal revisan de manera periódica el cumplimiento del requisito de permanencia en el país para mantener la PGU y reconocieron que han recibido reclamos que actualmente se encuentran en revisión.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre quienes dependen de este ingreso para subsistir.
“No sé cuánto irá a durar esto que pasó”, comentó una adulta mayor, quien agregó: “No sé qué pensar, si esto se va a solucionar o realmente vamos a quedar sin dinero, sin la pensión”.
De no corregirse el error, el monto que no se pagaría alcanzaría aproximadamente los $3.380 millones, una cifra que refleja la magnitud del problema y la urgencia de una solución.