“Era una ley”: exintegrantes de presunta secta en Chiloé revelaron perturbadoras prácticas
Las estrictas normas que habrían regulado la convivencia, las relaciones sexuales e incluso la crianza de los niños al interior de una presunta secta en Chiloé quedaron al descubierto tras una serie de testimonios de antiguos integrantes.
Se trata de Cahuala, una agrupación ubicada en la región de Los Lagos que enfrenta una investigación por presuntos delitos de abuso sexual reiterado, trata de personas con fines de explotación laboral y asociación ilícita.
En ese contexto, un reportaje de Teletrece reveló las acusaciones de personas que abandonaron el grupo, quienes describieron un sistema de control que habría condicionado distintos aspectos de sus vidas.
Uno de los principales apuntados es Enrique Urrutia, fundador de la organización, a quien los denunciantes identificaron como una figura que concentraba el poder y tomaba decisiones sobre asuntos personales de sus miembros.
Entre los relatos más impactantes aparecen las restricciones que, según los entrevistados, enfrentaban las madres para relacionarse con sus propios hijos.
Las inquietantes reglas que denuncian exintegrantes de presunta secta en Chiloé
Uno de los testimonios que llamó la atención fue el de María Luz, quien aseguró que las disposiciones internas de la presunta secta afectaban directamente su vida familiar.
Según explicó, el líder habría establecido normas que limitaban la autonomía de las parejas, al punto de exigir que sus relaciones permanecieran bajo su conocimiento.
“Dentro de la comunidad hay muchas reglas internas, y una de ellas es que no podía estar yo como pareja. Todo lo que yo hiciera con mi marido, era de dominio público y especialmente del dominio de ‘el jefe’. Todo se centraba en él, todo él lo tenía que saber, todo era bajo su mirada”, manifestó, según recogió La Cuarta.
No obstante, la mujer desclasificó que estas restricciones también alcanzaban la crianza de los menores.
“Dentro de las normas instauradas por Enrique, el ‘yo’ madre era nefasto para los hijos. Yo estaba con mi hija, que tenía entre 4 y 5 años, y lo peor que yo podía hacer, era acercarme a ella”, relató.
En esa misma línea, Patricio Aguirre, otro antiguo miembro de Cahuala, destapó: “Ninguna mamá, como nacían en conjuntos, podían amamantar a cualquiera de las guaguas, pero nunca a la que era de ellas. Era una ley”.
Denuncian presunto control sobre la vida sexual y explotación laboral
Las acusaciones también apuntan a la forma en que Urrutia habría intervenido en los vínculos íntimos de quienes pertenecían a la comunidad.
De hecho, Patricio Aguirre mencionó que el fundador supuestamente determinaba encuentros sexuales entre diferentes integrantes.
“Llegó a situaciones en que él, en estos círculos, tomaba una mujer en particular y la ofrecía a los hombres. Y no solo eso, sino que también él determinaba el tipo de encuentro, la manera en que iba a acceder ese hombre a esa mujer”, afirmó.
No obstante, las denuncias no se limitan a estas prácticas, pues otra de las aristas que investiga la justicia corresponde a la presunta explotación laboral de personas que habrían trabajado durante años sin recibir libremente sus remuneraciones.
Según el abogado de las eventuales víctimas, algunos integrantes mantuvieron contratos durante aproximadamente 15 años, pero solo habrían dispuesto de una mesada cercana a los 40 mil pesos mensuales.
En ese contexto, el profesional sostuvo que Enrique Urrutia y su pareja, María Pinto, habrían controlado los recursos económicos de los miembros.
A ello se suman acusaciones sobre extensas jornadas de trabajo y la obligación de entregar los ingresos generados.
¿En qué está la investigación contra los líderes de Cahuala?
Cabe señalar que el caso tiene antecedentes judiciales que se remontan a 2019, cuando dos denunciantes presentaron una querella por hechos que presuntamente ocurrieron entre 1999 y 2015.
Entre las acusaciones también aparecen supuestos abusos sexuales contra menores de edad, situaciones que las autoridades deberán esclarecer durante el proceso.
La indagatoria apunta principalmente a Enrique Urrutia y María Pinto, quienes enfrentaron una audiencia de formalización ante el Juzgado de Garantía de Castro.
De acuerdo con lo informado por BioBioChile, el tribunal formalizó a ambos por asociación ilícita y trata de personas, y decretó las medidas cautelares de arraigo nacional y firma mensual el pasado 9 de octubre.
En paralelo, otra de las controversias judiciales gira en torno al tiempo transcurrido desde los hechos denunciados.
La defensa vinculada a uno de los imputados planteó que la acción penal estaría prescrita, considerando que las conductas investigadas habrían ocurrido hasta 2015.
Sin embargo, un abogado de la parte querellante aclaró que el tribunal acogió su postura respecto de que, con los antecedentes disponibles, no correspondía declarar dicha medida.
Por ahora, la causa se mantiene bajo reserva, mientras la justicia continúa esclareciendo las denuncias sobre el funcionamiento de Cahuala.
