Encuentran drogas y armas ocultas en comisaría de Bajos de Mena: dos Carabineros fueron detenidos
Una revisión interna de Carabineros terminó destapando una serie de irregularidades atribuidas a dos funcionarios de la 66ª Comisaría de Bajos de Mena.
En ese contexto, ambos efectivos quedaron en prisión preventiva luego de que investigadores encontraran en dicho recinto droga, fuegos artificiales y un arma de fuego que no habían informado al Ministerio Público.
¿Qué se sabe sobre la detención de dos funcionarios de Carabineros de una comisaría en Bajos de Mena?
Según consignó Meganoticias, el caso se originó a partir de un procedimiento realizado durante la mañana del domingo 4 de octubre en Puente Alto, donde los policías acudieron tras una denuncia por una riña y disparos en la vía pública.
La intervención derivó en una persecución que terminó con el ingreso de los funcionarios a un domicilio.
Aunque el sospechoso logró escapar, los uniformados encontraron en el inmueble armas, municiones, dinero en efectivo y sustancias ilícitas, antecedentes que hicieron presumir que el lugar podía operar como un punto de venta de drogas.
Sin embargo, la información que dos de los acusados entregaron posteriormente a la Fiscalía no coincidió con los reportes aportados por otros integrantes del operativo.
Según explicó Alex Cortez, jefe de Alta Complejidad de la Fiscalía Sur, los funcionarios identificados como Miguel Ángel Hurtado Ortega y Víctor Andrés Salgado Bastías incluso plasmaron ese testimonio en el parte policial enviado al Ministerio Público.
“Estos dos carabineros tenían una versión distinta, incluso lo reproducen en un parte policial que le remiten al Ministerio Público”, mencionó el persecutor.
De acuerdo con Cortez, uno de los imputados redactó el documento, mientras que el otro mantuvo comunicación con la Fiscalía para informar sobre el procedimiento. Las inconsistencias llevaron a las jefaturas de la institución a denunciar el hecho.
Antecedentes claves
A partir de esa alerta, cerca de las 22:40 horas, la fiscal Paula Rojas instruyó registrar los lockers metálicos asignados a ambos imputados.
Esta situación permitió encontrar un arma de fuego que no había sido informada como incautada, más de 200 gramos de droga y fuegos artificiales.
La indagatoria estableció que parte de los elementos permanecía escondida en dependencias utilizadas por los propios funcionarios al interior de la comisaría, incluyendo sectores del techo, aunque la Fiscalía no precisó dónde apareció cada una de las especies.
En cuanto a la droga, el persecutor indicó que todavía deben establecer su origen y cómo llegó hasta esas dependencias. “Hay que determinar de dónde salió”, sostuvo.
La hipótesis de la Fiscalía
Bajo esa lógica, una de las hipótesis que maneja la Fiscalía apunta a que las sustancias podrían corresponder a incautaciones realizadas durante otro procedimiento policial que no quedaron registradas en el respectivo parte.
Las autoridades también deberán determinar de dónde son los fuegos artificiales encontrados en la unidad. Para Cortez, estos podrían provenir de un operativo anterior, aunque ese antecedente todavía debe ser esclarecido.
Cabe señalar que ambos funcionarios resultaron formalizados el lunes 5 de octubre y el tribunal decretó prisión preventiva para los dos, medida que cumplen en el Centro Transitorio de Detención Pudahuel Norte.
Sumado a esto, el tribunal estableció un plazo de 120 días para la investigación.
La Fiscalía les atribuyó delitos de falsificación de instrumento público, por incorporar información presuntamente falsa en el parte; malversación de caudales públicos, por sustraer especies que estaban bajo su custodia; tráfico de drogas y tenencia de fuegos artificiales.
Además, uno de los imputados enfrenta un quinto cargo relacionado con la tenencia de un arma prohibida.
En este punto, el persecutor aclaró que no existe certeza sobre el lugar exacto donde apareció esa arma, por lo que no confirmó que la encontraron dentro de la comisaría.
Ahora, las diligencias apuntan a establecer el origen de las sustancias y las demás especies, determinar su eventual destino y esclarecer si los funcionarios podrían haber omitido incautaciones en otros procedimientos informados al Ministerio Público.
