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Yesenia Azócar espera que el presidente José Antonio Kast responda a su solicitud de indulto para recuperar su libertad y comenzar una nueva etapa junto a su hija. Cumple una condena de ocho años por dispararle a su expareja, quien fue sentenciado a 18 años por abusar sexualmente de la niña. Desde 2025, Azócar cumple la pena bajo reclusión domiciliaria, beneficio otorgado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Si obtiene el indulto, quiere volver a trabajar y trasladarse con su hija a otra ciudad.
“Iría corriendo a la playa con mi hija”, con estas palabras, Yesenia Azócar resumió uno de sus mayores anhelos mientras espera una respuesta a la solicitud de indulto presidencial que presentó ante el gobierno de José Antonio Kast.
La mujer cumple una condena de ocho años de cárcel por homicidio frustrado, luego de dispararle a su expareja, un hombre que posteriormente recibió una pena de 18 años de prisión por violar y abusar sexualmente de la hija de ambos.
Actualmente, cumple su sentencia bajo reclusión domiciliaria, beneficio que obtuvo mediante un recurso de amparo acogido por la Corte de Apelaciones de Valparaíso en 2025.
Sin embargo, su objetivo es conseguir el indulto para recuperar su libertad, retomar su vida laboral y comenzar una nueva etapa junto a su hija, idealmente en otra ciudad.
“Yo sufría violencia, él me pegaba”
En conversación con Reportajes a Fondo de CHV Noticias, la mujer recordó los difíciles acontecimientos que enfrentó antes de su condena y explicó por qué decidió insistir en su petición ante el Ejecutivo.
La historia se remonta a enero de 2023, cuando la hija de Yesenia, que entonces tenía siete años, le contó los abusos sexuales que sufría mientras permanecía al cuidado de su padre.
Para ese momento, Azócar llevaba aproximadamente cuatro meses separada del hombre, con quien había mantenido una relación de 11 años.
Según su testimonio, durante ese vínculo también fue víctima de agresiones.
“Yo sufría violencia, él me pegaba. Un día decidí dejarlo y me fui donde mi mamá”, relató.
Tras conocer lo que ocurría con la niña, acudió hasta la vivienda de su expareja para confrontarlo.
Junto a lo anterior, indicó que la discusión derivó en una agresión física por parte del sujeto y, en medio del enfrentamiento, tomó un arma que se encontraba en el inmueble.
“Pensé que me iba a matar (…) y por eso le disparé en el brazo”, contó.
Carabineros la detuvo durante esa misma jornada y posteriormente la justicia la condenó a ocho años de privación de libertad.
Meses después, mientras Azócar permanecía en prisión, un tribunal sentenció a su expareja a 18 años de cárcel por los delitos sexuales cometidos contra la hija de ambos.
“Necesito sacar a mi hija adelante”
Al recordar aquella etapa, la entrevistada confesó el impacto emocional que tuvo la situación en su familia.
“Estaba desesperada, tenía pena, dolor. Necesito sacar a mi hija adelante”, manifestó.
La petición que actualmente espera una respuesta del gobierno no es el primer intento de Azócar por obtener el perdón presidencial.
Durante 2025, la mujer presentó una solicitud ante la administración del entonces presidente Gabriel Boric, pero no consiguió el indulto.
Pese a aquello, ese mismo año logró un cambio importante en las condiciones de cumplimiento de su condena.
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de amparo que permitió que continuara cumpliendo su pena en su domicilio, considerando su situación de vulnerabilidad y la de su hija.
Ahora, busca que el presidente José Antonio Kast evalúe nuevamente sus antecedentes y le permita comenzar una nueva etapa familiar.
Entre sus principales objetivos se encuentran volver a trabajar, trasladarse a otra ciudad y recuperar espacios cotidianos junto a la menor.
De hecho, cuando le preguntaron qué haría primero si obtiene el beneficio, respondió con una imagen sencilla que refleja sus expectativas.
“Iría corriendo a la playa con mi hija”, expresó.
Las otras solicitudes de indulto que analiza el gobierno de José Antonio Kast
El caso de Azócar forma parte de un escenario más amplio que enfrenta el Ejecutivo respecto de las peticiones de indulto presidencial.
De acuerdo con el reportaje de CHV Noticias, el equipo periodístico accedió a 23 solicitudes presentadas por personas condenadas por distintos delitos, aunque la cifra total es considerablemente mayor.
Según informó el ministro de Justicia, Fernando Rabat, la cartera ha recibido más de 140 solicitudes de indulto, que requieren un análisis de sus respectivos antecedentes.
En ese contexto, el abogado Ricardo Bravo Cornejo, quien ha presentado más de 60 requerimientos de este tipo, abordó con el citado medio las dificultades que pueden enfrentar algunas peticiones.
El profesional, que representa casos de características diversas, sostuvo que “si hay situaciones médicas o humanitarias se debería otorgar el indulto”.
No obstante, también advirtió que ciertas condenas pueden generar obstáculos para el otorgamiento del beneficio, particularmente cuando existen compromisos internacionales que el Estado debe respetar.
“Hay casos muy emblemáticos de penas sumamente altas que yo creo que ahí el presidente entraría en conflicto con tratados internacionales, pero indultos por razones humanitarias sí se pueden dar”, aclaró.
Por ahora, Yesenia Azócar continúa cumpliendo su condena en su domicilio, mientras su solicitud de indulto del gobierno de Kast permanece sin una resolución informada.