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Romer Rubio Flores, abogado venezolano y exconcejal de Maracaibo, se desempeña actualmente como asesor en La Moneda, contratado por el Gobierno de José Antonio Kast, con un sueldo mensual de $2.850.000. Sin embargo, su título profesional no ha sido revalidado en Chile, generando cuestionamientos sobre su idoneidad para ejercer como abogado en el país. Su experiencia laboral incluye funciones en el Gobierno chileno desde 2018, así como en la Universidad Central de Chile y la Universidad Andrés Bello. A pesar de su paso por cargos relacionados con migración y operaciones extranjeras, la ausencia de su registro como abogado en el Poder Judicial y la Universidad de Chile ha levantado dudas sobre su situación legal para ejercer la profesión en Chile, dado que actualmente no existe un tratado de reconocimiento mutuo de títulos profesionales entre Chile y Venezuela.
Romer Rubio Flores, exconcejal de Maracaibo y abogado venezolano, se encuentra trabajando como asesor en el Segundo Piso de La Moneda, contratado a honorarios por la Presidencia de la República.
Su incorporación al Gobierno de José Antonio Kast quedó bajo cuestionamiento luego de que registros oficiales y consultas al Poder Judicial no permitieran acreditar que su título profesional haya sido revalidado en Chile.
Asesor en Presidencia no tendría título revalidado en Chile
El caso se dio a conocer por Contrapoder y posteriormente constatado por BioBioChile mediante antecedentes obtenidos vía Transparencia.
De acuerdo con los registros de Transparencia Activa, Rubio recibe un sueldo bruto mensual de $2.850.000 y cumple funciones relacionadas con el seguimiento de compromisos ministeriales y presidenciales.
Su trayectoria laboral en Chile se remonta a octubre de 2018, cuando comenzó a desempeñarse como funcionario durante la segunda administración de Sebastián Piñera, de acuerdo con los antecedentes que figuran en su perfil de LinkedIn. Permaneció en el Gobierno hasta mayo de 2022.
En su experiencia también registra labores académicas como profesor de la Universidad Central de Chile y consultor académico de la Universidad Andrés Bello.
El historial profesional de Romer Rubio
Posteriormente, entre enero de 2025 y marzo de 2026, estuvo a cargo de la Oficina de Migración de la Municipalidad de Independencia, durante la gestión del alcalde Agustín Iglesias.
Su actual vínculo con La Moneda figura bajo la modalidad de honorarios. En la documentación oficial, sus funciones son descritas como asesoría “en el seguimiento de compromisos ministeriales y presidenciales, apoyando su reporte y coordinación con contrapartes técnicas”.
El punto que genera las dudas está relacionado con su formación profesional. En Transparencia Activa aparece consignado con la calificación académica de “abogado” y con un Magíster en Gestión de Gobierno.
Sin embargo, Rubio no figura en el Buscador de Abogados del Poder Judicial. Tampoco aparece en el registro de títulos profesionales extranjeros revalidados por la Universidad de Chile, según la revisión realizada por Contrapoder.
El título de abogado que declara haber obtenido corresponde a la Universidad del Zulia, en Venezuela, en 2007. La ausencia de su registro en las plataformas consultadas no permite acreditar que haya realizado posteriormente el procedimiento.
Cuestionada contratación de abogado venezolano
Un antecedente que aparece en los registros de Transparencia corresponde a su paso por la Subsecretaría del Interior en 2021.
En ese período, durante el segundo gobierno de Piñera, se desempeñó como “asesor en área de operaciones extranjería y migración”, pero su calificación profesional figuraba como Enseñanza Media.
La situación se relaciona con el procedimiento para reconocer títulos obtenidos en el extranjero. Actualmente, Chile no mantiene un tratado de reconocimiento mutuo de títulos profesionales con Venezuela, por lo que el reconocimiento académico no equivale por sí mismo a la habilitación para ejercer como abogado.
De acuerdo con la información oficial del Gobierno sobre reconocimiento de títulos profesionales extranjeros, en el caso de licenciados en Derecho o abogados, el reconocimiento efectuado mediante ese procedimiento “no habilita para el ejercicio profesional”. El mismo documento establece que corresponde a la Corte Suprema otorgar el título de abogado, trámite que debe realizarse posteriormente.