Dorothy Pérez y su dura postura ante “amarre” en reajuste al sector público: “Genera un perjuicio”
La contralora general de la República, Dorothy Pérez, expuso con dureza sus reparos al proyecto de reajuste al sector público impulsado por el Gobierno, poniendo el foco en la denominada norma de “amarre”.
La autoridad abordó el tema tras asistir la tarde del lunes a la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Allí transparentó una serie de observaciones técnicas y de fondo que, a su juicio, impiden validar correctamente el impacto fiscal de la iniciativa y generan efectos negativos en la carrera funcionaria.
Durante su presentación, Pérez explicó que la Contraloría no dispone de información clave para revisar la proyección de gastos asociada al reajuste, consignó BioBioChile.
“La Contraloría no cuenta con la data del conjunto total de asignaciones que están sujetas a reajuste. Y esto nos impide validar la proyección de estos gastos, como se requirió en la invitación”, señaló.
Si bien reconoció que “se han sostenido reuniones con la Dipres para revisar la metodología de trabajo”, advirtió que aún faltan antecedentes relevantes, especialmente sobre “otros componentes de gasto, por ejemplo, los aguinaldos y los bonos”.
En esa línea, enfatizó: “No tenemos cómo validarlos porque no están los antecedentes relativos a las personas que van a ser beneficiarias de estos aguinaldos y bonos”.
La contralora también ilustró sus cuestionamientos con ejemplos concretos sobre la situación de funcionarios a contrata que ingresaron al Estado en grados altos y con sueldos elevados.
“Hay personas que son funcionarios públicos que llevan 20 años para subir de grado, 15 años, 18 años que han ido ascendiendo vía carrera”, afirmó.
Sin embargo, agregó que “de manera oblicua, en distintas épocas, han ingresado personas con grados muy superiores”, mencionando casos desde marzo de 2022.
Según relató, algunos de estos funcionarios llegan incluso “a realizar la misma función” o “a aprender de funcionarios de planta, con una remuneración mucho mayor”.
Dorothy Pérez y “norma de amarre” en reajuste al sector público
En ese contexto, Pérez apuntó directamente a la norma de “amarre” incluida en el proyecto del Ejecutivo, que busca limitar despidos en determinadas situaciones una vez que asuma el próximo Gobierno.
A su juicio, la medida golpea el núcleo de la carrera funcionaria, especialmente de quienes ingresaron mediante concursos públicos desde los estamentos más bajos.
“El efecto concreto y práctico es que afecta a la carrera funcionaria”, recalcó.
En esa línea, advirtió que estos trabajadores “pueden ser saltados por terceros que son ajenos a la administración o que han ingresado hace muy poco”. Esto genera un perjuicio directo para quienes llevan años en el servicio público.
Finalmente, la jefa de Contraloría criticó otro artículo del proyecto que restringe la intervención del organismo en materias judiciales.
“Esta norma altera las competencias de un órgano”, sostuvo, agregando que se trata de una ley miscelánea que modifica atribuciones de una institución autónoma constitucional.
“Se está modificando el régimen jurídico de la Contraloría General de la República”, insistió, subrayando que dichos cambios requieren una norma orgánica constitucional.
