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El Juzgado de Garantía de San Bernardo dictó medidas cautelares para los cuatro detenidos por el crimen de Alejandro Águila, de 12 años, víctima de una encerrona, con prisión preventiva para los adultos y internación provisoria para los adolescentes. Se formalizó por robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación, revelando que los acusados realizaban un “tour delictual” con armas cortopunzantes. La Fiscalía Occidente expuso que los sujetos mostraron desprecio por la vida y la sociedad al cometer el delito. Se enfrentan a condenas severas, incluyendo presidio perpetuo para los adultos y hasta 10 años para los menores, con un plazo de investigación de 120 días establecido por el tribunal.
Este miércoles, el Juzgado de Garantía de San Bernardo dictó las medidas cautelares para los cuatro detenidos por el crimen de Alejandro Águila, niño de 12 años que fue víctima de una encerrona en San Bernardo.
En el caso de los dos adultos (18 y 21) se ordenó prisión preventiva, mientras que los adolescentes (ambos de 17) quedaron en internación provisoria.
El tribunal acogió la solicitud de la Fiscalía Occidente en la formalización por los delitos de robo con homicidio, robo con violencia y robo con intimidación.
Durante la audiencia se reconstruyó parte del accionar que habría tenido el grupo antes del crimen del menor de edad.
Según los antecedentes expuestos, los sujetos participaban en un “tour delictual” y portaban armas cortopunzantes para intimidar a sus víctimas.
El fiscal Leonardo Tapia, relató que “las declaraciones que existen, tanto de la tía como del padre de este niño, indicaban que corrían detrás del vehículo, le gritaban que el niño iba siendo arrastrado”.
“De todas formas, los imputados, haciendo caso omiso, con un desprecio absoluto respecto de la vida, con un desprecio absoluto con los menores de edad, un desprecio absoluto con la sociedad, cometen este delito”, agregó.
Los antisociales se exponen a condenas de las más altas, como presidio perpetuo para los adultos y hasta 10 años en el caso de los menores de edad.
Cabe mencionar que el tribunal fijó un plazo de investigación de 120 días.