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Destapan el millonario monto que buscan exfuncionarios de Vitacura en demanda tras video sexual

Destapan el millonario monto que buscan exfuncionarios de Vitacura en demanda tras video sexual
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El conflicto judicial entre la Municipalidad de Vitacura y dos exfuncionarios grabados teniendo sexo en las dependencias municipales tendrá un nuevo capítulo en los tribunales, con una audiencia programada para el 27 de noviembre de 2027. Los excolaboradores buscan una compensación de $200 millones por daño moral, alegando que el municipio vulneró sus derechos. Se realizará un peritaje psicológico para evaluar el impacto en la salud mental de los demandantes, quienes argumentan haber sufrido trastornos emocionales a raíz de lo ocurrido. También se solicita que la alcaldesa participe en capacitaciones sobre vulneración de derechos y se publiquen mensajes en medios comunales reconociendo la injusticia sufrida.
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El conflicto judicial que enfrenta a la Municipalidad de Vitacura con dos exfuncionarios grabados teniendo sexo en las dependencias de la institución, tendrá un nuevo capítulo en los tribunales tras una millonaria demanda.

Debido a esto, se fijó la fecha para el juicio laboral en que ambos buscan una millonaria compensación económica.

La audiencia quedó programada para el 27 de noviembre de 2027, instancia en la que se revisarán los argumentos presentados por los dos extrabajadores.

¿Cuánto pidieron los exfuncionarios de Vitacura en demanda tras video sexual?

Los protagonizas de aquel polémico video viral acusan al municipio, liderado por la alcaldesa Camila Merino (Evópoli), de haber vulnerado sus derechos tras el escándalo ocurrido al interior del edificio consistorial.

De acuerdo con lo consignado por La Tercera, el proceso se retomó la semana pasada con una audiencia de conciliación que no llegó a acuerdo, luego de que la parte querellante manifestara que no existía intención de avanzar hacia una salida extrajudicial.

Las acciones legales se integraron el pasado 18 de diciembre ante el 1° Juzgado de Letras del Trabajo, donde los exfuncionarios solicitaron una indemnización cercana a los $200 millones por concepto de daño moral.

Además de la compensación económica, los demandantes pidieron una serie de medidas reparatorias, entre ellas que la municipalidad implemente capacitaciones relacionadas con vulneración de derechos y que publique antecedentes destinados a resguardar su honra.

Recordemos que el caso se originó luego de la difusión de un registro grabado desde el exterior del municipio, donde ambos trabajadores aparecían manteniendo relaciones sexuales al interior del recinto.

Tras la viralización del video, se inició un sumario administrativo que terminó con la destitución de los funcionarios.

Sin embargo, los excolaboradores sostienen que la alcaldesa Camila Merino habría emitido opiniones sobre el caso antes de que finalizara dicho proceso interno, situación que forma parte de los argumentos expuestos en la causa.

“Es una lesión extrapatrimonial que no merecía ni debía soportar”

En ese contexto, durante la última audiencia también se definieron nuevas diligencias para el desarrollo del juicio.

Entre ellas se encuentra un peritaje psicológico ordenado por el tribunal, cuyo objetivo será establecer si existió una afectación a la salud mental de los demandantes producto de los hechos denunciados.

Debido a esto, la evaluación quedó a cargo de la profesional Pamela Díaz Contreras.

Según uno de los escritos presentados en los alegatos, uno de los funcionarios destituidos afirmó que sufrió consecuencias emocionales derivadas de lo ocurrido.

En consecuencia natural del daño psicológico y emocional derivado del estado de constantes tratos vejatorios, y demás vulneraciones laborales, a las que he sido sometido por la actual gestión edilicia, me ha resentido notablemente en mi autoestima y estabilidad emocional, generándome miedo, estrés y trastornos de ansiedad generalizados, que en definitiva es una lesión extrapatrimonial que no merecía ni debía soportar”, señaló.

Asimismo, como antecedentes probatorios fueron incorporados documentos administrativos relacionados con el sumario interno y la resolución que determinó la salida de ambos trabajadores.

También forma parte del expediente una entrevista concedida por la alcaldesa Merino a Radio Pauta, donde abordó la posibilidad de una destitución antes de que concluyera formalmente la investigación administrativa.

Por otra parte, los demandantes solicitaron que se publique en un medio comunal de Vitacura un mensaje donde se establezca que existió una vulneración injusta a la integridad psíquica del funcionario, además de una difusión similar en el diario mural del municipio.

Finalmente, la acción judicial también busca que la alcaldesa participe en una capacitación vinculada a vulneración de derechos, como parte de las medidas solicitadas por los exfuncionarios.